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Mayagüez alega en el tribunal “discrimen político” en cierre de escuelas

Por Lester Jiménez / Para Primera Hora 07/20/2018 |11:45 p.m.
Arnaldo Irizarry Irizarry (Lester Jiménez)  
“Da la casualidad que las escuelas cerradas son bastiones políticos donde ganaba contundentemente el Partido Popular Democrático”

Mayagüez. El municipio de Mayagüez, a través de su representación legal, intentará demostrar que el cierre de las siete escuelas que ordenó el Departamento de Educación (DE) en esa municipalidad responde a una intención de desmantelar colegios electorales que abrumadoramente dominaba el Partido Popular Democrático (PPD).

En la vista para atender una solicitud de Interdicto Preliminar y Permanente, como parte de la demanda consolidada que presentaron varias comunidades escolares de la zona Oeste contra el DE, el abogado de Mayagüez, Arnaldo Irizarry Irizarry, aseguró que la orden de cierre de los planteles responde a un discrimen político, además de enfatizar en las condiciones en que se encuentran los planteles que serán receptoras de los estudiantes que serían trasladados de las escuelas por cerrar.

“Nos proponemos establecer un claro discrimen político con respecto al municipio de Mayagüez, porque da la casualidad que las escuelas cerradas son bastiones políticos donde ganaba contundentemente el Partido Popular Democrático y ganaba contundentemente el honorable José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez”, comentó Irizarry Irizarry en un aparte con la prensa.

En la sala 307 del tribunal de Mayagüez, la jueza Lynette Ortiz Martínez dio paso al desfile de testigos a pesar de que el pasado lunes el Tribunal Supremo dejó sin efecto la decisión de un tribunal de Primera Instancia de Arecibo que ordenaba mantener abiertas seis planteles de la región educativa de Arecibo y tres del municipio de Morovis.

En la vista pasada, celebrada el martes, el DE, representado por los licenciados Antonio Cintrón, Sandra Alicea Vázquez, Wilma Montalvo Carrión y Lorelei García, solicitó se desestimaran las demandas al argumentar que el alto foro judicial había resuelto la controversia.

Sin embargo, los abogadores de los municipios de Mayagüez (Irizarry Irizarry), Añasco (María del Carmen Gitany) y Sabana Grande (Edmundo Rosaly y Sixto Quiñones), junto a la representación legal de la Asociación de Maestros (Edgardo Pabón), argumentaron en sala que la sentencia del Supremo no era vinculante a los casos específicos de las comunidades escolares en la zona Oeste.

El tribunal concedió a las partes hasta ayer, jueves, para presentar mociones a tenor con la determinación del Supremo, lo que dio paso a que el municipio de Mayagüez enmendara su demanda e incluyera el discrimen político como una de las razones del DE para ordenar el cierre de los planteles Barbarita Rodríguez, David Farragut, Franklin D. Roosevelt, Cuesta Las Piedras, Castillo, Eleonor Roosevelt y Felisa Rincón de Gautier.

“Entendí que lo que procedía era enmendar la demanda para que sea a fin a las normas expuestas en la sentencia del Tribunal Supremo. Así que enmendé la demanda para concretizar y especificar los elementos fácticos que la diferencian del caso de Arecibo, mayormente por un fundamento de clasificación sospechosa por discrimen político”, insistió Irizarry Irizarry.

“La sentencia del Supremo dice que, si usted establece un discrimen político, lo vamos a considerar. En esta vista, independientemente que vamos a aprobar los daños que están sufriendo los padres, vamos a establecer el discrimen político”, agregó.

La enmienda a la demanda fue impugnada por los abogados del DE, pero la jueza ordenó continuar con el desfile de prueba y luego atender las mociones presentadas por las partes.

La primera testigo en la vista fue Yanira Ortiz Poggi, cuyos hijos estudian en dos de las escuelas que planea cerrar el DE.

A preguntas de Irizarry Irizarry, Ortiz Poggi indicó que las escuelas receptoras se encuentran en condiciones no aptas para recibir a los estudiantes y aseguró que la mayoría de los padres que tienen hijos en esos planteles están afiliados al PPD, lo que levantó varias objeciones de los abogados de defensa.

A su salida de sala, Irizarry argumentó que “Nosotros verificamos directamente con la mayoría de ellos (padres) y la mayoría son afiliados al Partido Popular y si no son afiliados al PPD, lo están a partidos opositores al partido del gobierno y la mayoría votan por el alcalde de Mayagüez”.

El representante legal de Mayagüez aseguró que cuenta con sobre 24 testigos, sumados a los que sentarán los representantes de las comunidades escolares de Añasco, Sabana Grande y la Asociación de Maestros. La vista continúa el próximo lunes.

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