Médicos y familiares caen en redada federal

09/01/2011 |03:00 p.m.
El dentista Carlos López Díaz fue arrestado junto a su hermano, el doctor José López Díaz y las hijas de éste, por supuestamente conspirar para falsificar reclamaciones. (Primera Hora/Gerald López Cepero)  
Los acusado conspiraron en cuatro casos distintos para defraudar el Medicare.

Las autoridades dieron aparentemente al traste con cuatro esquemas para defraudar el seguro Medicare mediante acusaciones emitidas contra 13 personas, entre los cuales figuran tres médicos, en lo que forma parte de un esfuerzo concertado para contener un aumento en los actos de corrupción relacionados con las  planes médicos federales.

Un gran jurado federal emitió cuatro pliegos acusatorios, uno de los cuales fue enmendado, en que se alega que los acusados conspiraron en cuatro casos distintos para defraudar los programas de salud. Las acusaciones se llevaron por el medio al doctor generalista José López Díaz, su hermano dentista, Carlos López Díaz, y a las dos hijas del primero, Ana y Nicole López Villamil.

Dos empleadas del galeno generalista, Leslie William Nieves y Nahir Rodríguez Candelario, supuestamente conspiraron junto a las hijas para falsificar reclamaciones en que aparecían el nombre de pacientes mujeres y un procedimiento urinario que sólo se le puede realizar a los hombres.

“Durante la conspiración,  López Díaz facturó a Medicare por servicios que no había ofrecido, incluyendo 1,825 reclamaciones por servicios que supuestamente había dado a pacientes en la sala de Emergencias del Guaynabo Medical Center. La realidad es que nunca ha trabajado en esa clínica”, sostuvo la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez.

Según precisó la funcionaria, el doctor le facturó a Medicare $1,611,115.09 entre enero de 2006 y julio de 2011 y recibió $547,410.01 en reembolsos. El generalista supuestamente recibió los nombres de pacientes de su hermano el dentista. Por esta razón, los galenos hermanos enfrentan cinco cargos adicionales por robo de identidad agravada.

Otro pliego acusatorio alega que otro médico generalista de Añasco, Edgard Rivera Morales, sobrefacturó servicios rendidos a Medicare al desglosar desde 50 hasta 100 unidades del relajante muscular Robaxin por cada unidad recetada.

Entre enero 2006 y agosto 2011, el acusado supuestamente recibió unos $659,569 en reembolsos de Medicare.

Pero los federales también realizaron investigaciones en el sector corporativo para radicar sus acusaciones.

Entre los arrestados figura  la presidenta de Las Piedras Medical Equipment, Damaris Carrasco Flores, quien supuestamente utilizó a una ex empleada de Medicare y Mucho Más (MMM), Nahomy Báez Martínez, para obtener el visto bueno para reclamaciones que habían sido denegadas por la compañía.

“Entre marzo 2008 y marzo 2011, Carrasco Flores sometió, por lo menos, 1,096 reclamaciones falsas a MMM con la ayuda de Báez Martínez, quien trabajaba en el Departamento de Apelaciones y Quejas”, indicó Rodríguez Vélez. “Carrasco Flores recibió $1,070,038.68 de parte de Medicare y le pagó a Martínez $250,000 por ayudarla a someter las reclamaciones falsas”, subrayó.

De hecho, los hijos de Carrasco Morales, Rafael A. Casanova Carrasco, mejor conocido como “Junito” y Rafael F., alias “Rafo”, también enfrentan acusaciones de obstrucción de justicia por supuestamente interferir con testigos de la Fiscalía.

Un pliego enmendado se radicó contra el matrimonio de María y Armando Montiel por someter más de 464 reclamaciones a Medicare por aproximadamente $1.5 millones por equipo médico como prótesis y sillas de rueda automáticas. Estos habían sido arrestados y procesados en un operativo previo al de hoy.

Agentes del Departamento de  Salud Federal-Oficina del Inspector General, el Servicio Secreto, realizaron la investigación y los arrestos en coordinación con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“Medicare es el plan de salud de todos nosotros y sirve a las comunidades más vulnerables como son los envejecientes. Los arrestos de hoy demuestran que las autoridades de ley y orden no vamos a tolerar a los criminales que participan en esquemas fraudulentos para enriquecerse”, sostuvo la fiscal.