Miguel Pereira y Carmelo Ríos proponen medida a favor de confinados mayores de 60 años

Por Ivelisse Rivera Quiñones / ivelisse.rivera@gfrmedia.com 04/26/2013 | 05:32 p.m.
Según ambos senadores, el delito cometido es la pieza clave para cualificar a la propuesta de aprobarse la enmienda sometida a la Ley 118.
El costo de mantener a un preso de la tercera edad es fundamental en este proyecto. (Archivo)  

Los senadores Miguel Pereira y Carmelo Ríos propusieron que aquellos confinados de 60 años o más, que no representen peligro para la sociedad, y que hayan extinguido parte de su pena, queden libres bajo palabra.

Esa en esencia es la propuesta plasmada en el Proyecto del Senado 487, que tuvo su primera vista pública este viernes, y que contó con el aval de cuatro organizaciones incluyendo la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Según ambos senadores, el delito cometido es la pieza clave para cualificar a la propuesta de aprobarse la enmienda sometida a la Ley 118.

Todo confinado que esté preso por “asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, distribución de sustancias controladas a personas menores de 18 años o por utilización de un menor para pornografía infantil”, que ni lo piense porque no cualifica para este beneficio.

Tampoco “puede ser un reincidente habitual, según definido en el Código Penal” y además, tiene que haber “observado buena conducta en la institución por un lapso razonable de tiempo”, pero la legislación no especifica el tiempo.

Si el confinado no cumple con los requisitos anteriores, por más caro que le salga al Estado, se queda preso.

Y es que el costo de mantener a un preso de la tercera edad es fundamental en este proyecto.

“Tenemos una población bien grande de gente que no representa peligro y está encerrada por tiempo prolongado. ¿Cuánto nos cuesta? La idea aquí no es sacar a todo el mundo. Es que tengo una gente que no representa peligro y le está costando al Estado”, aseveró Ríos, del Partido Nuevo Progresista.

Pereira, senador por el Partido Popular Democrático y un ex Secretario de Corrección, comparó los $37,000 que se invierte, promedio, por confinado con los $100,000 que representan aquellos de sobre 60 años y con condiciones médicas.

“Primero hay que reconocer que la vida en prisión envejece a la persona como diez veces más rápido que una persona en la calle. Segundo, los costos tan altos, hay que buscar eficiencias para el Departamento (Corrección y Rehabilitación)”, dijo Pereira, quien no estima que se genere controversia con la medida propuesta.

Para sostener su propuesta, los senadores también argumentaron que hay estudios que sostienen que la actividad criminal va disminuyendo a medida que las personas van envejeciendo.

“A nivel nacional (EE.UU.), un estudio de 1998, reveló que apenas un 3% de ofensores mayores de 55 años regresaron a prisión, comparados con un 45% para las edades entre 18 y 29 años”, establecieron ambos senadores en la exposición de motivos de la pieza legislativa.

Aclararon que el P del S 487 en nada cambia el proceso criminal, por lo que si se aprueba la enmienda y un confinado beneficiado por la medida reincide se le aplicaría el proceso actual de revocación de la libertad bajo palabra y volvería a ser ingresado.

Pereira y Ríos recalcaron que la enmienda aplicaría solamente a personas confinadas que hayan cumplido parte de su pena.

“No queremos mandar el mensaje de que cometes un delito y te vas para tu casa (porque tenga 60 años). Eso no. No es un free for all”, aclaró Ríos.

Durante la vista pública, la Junta de Libertad Bajo Palabra endosó el proyecto, pero condicionado a que se le hagan unos ajustes, como por ejemplo, que se incluyan otros delitos a la lista de los que no cualifican.

“Entendemos que se debe incluir como parte de los delitos excluidos (para cualificar), los delitos de actos lascivos... y la agresión sexual conyugal”, manifestó la abogada Mercedes Peguero, de la JLBP.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Oficina de Administración para las Procuradurías, también apoyaron el proyecto.

SAL advirtió que basados en la enmienda a la Ley 186 y el aumento de penas en el sistema de pena fija del Código Penal 2012, la población carcelaria aumentará próximamente y que si se quiere evitar consecuencias como el caso Morales Feliciano el momento de actuar es ahora.

Aunque ven con buenos ojos el proyecto y extendieron su aval, presentaron varias recomendaciones: tener en cuenta confinados desde los 50 años, considerando su condición de salud, que el criterio de mayor peso debe ser la edad, y que previo a la salida se debe coordinar servicios de salud, alimentación y vivienda, entre otros.

El DCR, por su parte, expresó que toda medida que vaya a favor de una mejor calidad de vida es bienvenida.

“Cualquier medida adicional que permita mejorar las condiciones o el bienestar de los ciudadanos, incluyendo a los confinados, siempre es conveniente para todos como sociedad”, dijo el secretario del DCR, José R. Negrón Fernández, en su ponencia escrita leída por Manuel Quilinchini, director ejecutivo de Salud Correccional.

Corrección tiene 225 confinados de 60 años o más, indicó Negrón Fernández.

En algunas jurisdicciones de los Estados Unidos se han puesto en vigor sistemas similares conocidos como “geriatric release”.