El asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés) de la reforma de la Policía de Puerto Rico, Arnaldo Claudio, acudió hoy, lunes, a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para reunirse con su director, Carlos Cases, para conversar sobre posibles violaciones de derechos civiles por parte de la agencia estatal bajo su supervisión.

A su llegada a las inmediaciones del Tribunal Federal, en Hato Rey, Claudio recordó que no se le permite emitir comentarios, pero sí confirmó que su presencia se debía a una reunión pautada con Cases.

"Vamos a reunirnos sobre las cosas que están sucediendo. Voy a hablar de casos bien importantes con Cases", se limitó a decir Claudio.

Del informe semianual que presentó Claudio en julio pasado, se desprende que refirió al FBI y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia estatal sus "preocupaciones" sobre operativos de drogas que la Policía ha realizado en residenciales públicos, en los que se alega que han cometido violaciones de derechos civiles y constitucionales.

Como ejemplo, indicó que el cuerpo policiaco le entregó tres versiones distintas de un mismo suceso y sobre el plan operacional, que fueron firmados y aprobados por los mismos supervisores.

"Daban la impresión de querer engañar al TCA", destacó el monitor en el informe, quien dijo que dicha situación es investigada por las agencias federales y estatales.

"El TCA continuará dándole seguimiento a estos incidentes y preocupado con este tipo de eventos", agregó en el escrito.

Identificó, además, "desafíos" en algunas áreas, como en las unidades caninas y marítima, en las que dijo hay "deficiencias administrativas y operacionales", en cuanto a entrenamiento y falta de equipo, entre otros. 

Además, en el informe mostró preocupación por una subvención de fondos multimillonaria para colocar cámaras en los cuerpos de los oficiales, también conocidas como "body cameras".

Los fondos los ofreció el Departamento de Justicia federal, pero que la Policía de Puerto Rico decidió no solicitarlos por falta de tiempo para completar la solicitud, esto sin discutirlo con el TCA, según consignó Claudio, a quien informaron que esperan solicitarlo el año que viene.

Recientemente, se supo que Claudio también refirió al FBI la querella presentada por Xiomara Rivera Cruz, quien alega que fue víctima de brutalidad policiaca y violación de derechos civiles durante una intervención de la Policía en la barriada Morales, en Caguas, donde reside.

Según la querella de la mujer embarazada, el 15 de agosto pasado, la mujer observó cuando agentes de la Policía arrestaron a una persona y, estando esposado en el suelo, le dispararon con una pistola "taser". Esto provocó que vecinos les reclamaran a los uniformados y ella grabó el suceso. 

En un momento dado, agentes le instruyen que deje de grabar y alega que le apuntaron con la pistola de "taser". Su esposo intervino y también fue amenazado, mientras su hijo de cinco años observaba lo que estaba ocurriendo, y supuestamente también le apuntaron, según la querellante.

Claudio, quien es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, fue confirmado el 5 de junio como asesor técnico a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma de la Policía de Puerto Rico. Fue designado por los departamentos de Justicia federal y estatal, y confirmado por el juez Gustavo Gelpí.

Su posición no está bajo ningún contrato con la Policía ni de los departamentos de Justicia, sino que sirve como oficial del Tribunal Federal de Puerto Rico. Su compensación salarial, de $215,000 anuales, es pagada con fondos aportados por el Estado Libre Asociado.

La reforma de la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.