El juez federal Francisco A. Besosa se apresta a nombrar un monitor en el pleito de clase sobre el Hospital Psiquiátrico, que se remonta al 1974.

En una conferencia de estatus que se llevó a cabo hoy, martes, Besosa adelantó que tenía un candidato en mente para ser monitor, pero declinó por condiciones de salud.

Precisó que tiene a otra persona en mente, pero, por lo pronto, las partes podrán sugerir nombres de posibles monitores antes de que termine diciembre.

"Haré la llamada antes de que termine esta semana. Le preguntaré a esa persona si está disponible y si puede venir a principios de 2016 para que lo conozcan", señaló el juez, quien pautó para el 29 de enero una vista de seguimiento en el caso de Roberto Navarro Ayala y el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio en contra del gobierno estatal.

El costo del monitor sería cubierto por el gobierno estatal. Se espera que la persona designada asista en el caso e investigue si los cambios en el tratamiento de salud mental cumplen con el plan de rehabilitación establecido.

En un principio, la abogada del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Judith Berkan, estuvo de acuerdo con la designación de un monitor. Sin embargo, el gobierno, representado por Arlene R. Pérez Borrero, se opuso a dicho nombramiento por los costos que conllevaría.

En el caso del monitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, devenga un sueldo de $215,000 anuales y los costos operacionales de su oficina son de $1.5 millones, que paga el gobierno estatal.

Además, las partes pautaron una inspección ocular para finales de esta semana porque el caso fue cerrado en 2005 y, desde entonces, no se le dio seguimiento a los servicios de rehabilitación.

El 19 de junio pasado, Besosa ordenó reabrir este caso, tal como solicitó el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio.

La parte demandante alegó que no se estaba cumpliendo con lo ordenado por la corte en 2005 por el entonces juez federal Héctor Laffite relacionadas al plan de rehabilitación. El gobierno alegó que no era necesario reabrir el caso por entender que estaba cumpliendo con el mismo.

En misiva emitida en septiembre de 2014, el presidente del Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio, Víctor Báez, indicó que los servicios en el Centro de Salud Mental Comunitario San Patricio estaban en riesgo de ser eliminados, que recientemente no se renovaron los contratos de psiquiatras, sicólogos y trabajadores sociales, que la Clínica de Exhospitalizados y la Unidad de Intervención de Crisis fueron eliminadas, y que supuestamente la administradora de la Administración Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carmen Graulau, dijo que los servicios a pacientes ambulatorios serían privatizados. 

"Algunos de nosotros hemos podido trabajar y vivir independientemente, gracias a los servicios protegidos por muchos años por esta honorable corte. Pero una vez más, los demandados, en una clara violación a la orden de la corte, ponen nuestra salud mental y física en riesgo", lee la carta.

Alegan, además, que desde que se cerró el pleito de clase en 2005 -el cual fue presentado originalmente por el paciente con discapacidad intelectual, Roberto Navarro Ayala, por supuestas violaciones a los derechos constitucionales de pacientes de salud mental-, no se han dado los servicios adecuadamente y como se ordenó.

El secretario de Justicia, César Miranda, contestó por medio de las abogadas Janitza García Marrero, Beatriz Annexy Guevarra y Pérez Borrero. Las letradas recalcaron que el caso no debe ser reabierto, basado en que se están cumpliendo con las órdenes del tribunal, y porque el grupo no es parte en el caso.

"El Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio no está en posición para solicitar que se reabra el caso. Más aún, cuando se sostiene que los requisitos impuestos por el honorable tribunal al gobierno estatal para cerrar este caso se están cumpliendo, por lo que no hay necesidad de la intervención judicial", lee la moción presentada entonces.