La orden de mordaza emitida en el caso contra Anaudi Hernández Pérez y otros acusados aplica también al director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, según determinó el juez federal Pedro A. Delgado.

El juez acogió en parte la petición que hizo la coacusada y exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves, quien solicitó el 17 de marzo pasado que se emitiera una orden para que a  Lázaro se le prohibiera dar declaraciones sobre el caso en los medios de comunicación.

"En una nota final, debido a que Lázaro es testigo de Fiscalía Federal, deberá cumplir con la orden emitida", señaló el juez Delgado,  al referirse a la orden de mordaza que impuso el 18 de diciembre pasado.

Sin embargo, el juez federal, no concedió la otra solicitud de Falcón Nieves, quien también pidió que se detuviera el proceso administrativo en su contra en la AAA hasta que se resolviera el caso criminal. Después que fue acusada, la corporación pública inició un trámite que podría desembocar en su expulsión como empleada. La defensa reclamó sin éxito a la corte que se ordenara frenar el proceso administrativo hasta que su clienta sea enjuiciada.

"El proceso administrativo no conflige con los procedimientos ante esta corte, por lo que puede seguir su curso regular", determinó el juez.

Falcón Nieves fue arrestada junto con otras nueve personas en diciembre pasado por un caso de corrupción gubernamental vinculado a esquemas presuntamente encabezados por Anaudi Hernández Pérez, recaudador del Partido Popular Democrático que obtuvo diversos contratos millonarios con el gobierno.

Hernández Pérez, principal acusado en el caso, se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos, a cambio de un acuerdo de una sentencia recomendada entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.

Hernández Pérez, identificado como amigo del gobernador Alejandro García Padilla, fue acusado, junto a otras nueve personas, por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

Su abogado Osvaldo Carlo, así como los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte informaron al juez que llegaron a un acuerdo para que se declarara culpable por 14 cargos en su contra relacionados a conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico y extorsión, a cambio de una sentencia sugerida de entre 70 y 87 meses de prisión. La misma incluye la confiscación de la mansión del hoy convicto en Aguadilla, valorada en aproximadamente $4 millones y también podría conllevar una restitución monetaria.