Mucama irá a juicio por el asesinato de Georgina Ortiz Ortiz

11/01/2012 | 07:02 p.m.
Aida de los Santos Pineda es sospechosa del asesinato de Georgina Ortiz. (vanessa.serra@gfrmedia.com)  
La jueza, sin embargo, no encontró causa en un cargo de destrucción de evidencia.

Cabizbaja y con las manos metidas en un abrigo, Aida de los Santos Pineda escuchó hoy en la tarde a la jueza Elizabeth Linares Santiago, del Tribunal de San Juan, fallar en su contra y determinar causa para juicio por la muerte de su jefa Georgina Ortiz Ortiz, ocurrida el 17 de agosto de 2010.

La magistrada también determinó causa para juicio por una violación a Ley de Armas, pero rechazó el delito de destrucción de evidencia, otro cargo que le imputaba el ministerio público, representado en la fiscal Elba Acevedo.

La lectura de acusación se pautó para el 29 de noviembre, mientras que el juicio y la vista preliminar en alzada por el cargo que no prosperó se fijaron para el 7 de diciembre próximo.

El público congregado en la sala 608 se mantuvo en silencio al escuchar la determinación que la jueza emitió tan pronto las partes terminaron las argumentaciones finales.

La fiscal Acevedo inició su cierre señalando que los tribunales y el estado derecho en las cortes reconocen la legitimidad de la prueba circunstancial presentada durante el proceso.

En un cierre dirigido a responder a todos los planteamientos realizados por la defensa, Acevedo insistió que la evidencia que presentó en esta etapa de los procedimientos demuestra de forma clara que la acusada era la única otra persona que estaba con Ortiz Ortiz la tarde en que ésta murió.

También argumentó que la acusada no salió a botar la basura como solía hacer todas las tardes y que se marchó del lugar después de las 3:00 p.m., un horario más tarde de los “usual”.

Apuntó que de los Santos Pineda, de 57 años, entregó a la Policía un pantalón distinto al que llevaba cuando llegó a trabajar al condominio Laguna Terrace en el Condado, San Juan, y al que vestía cuando abandonó el lugar.

“La única persona que ha dejado una huella allí fue la acusada y es la sangre de la víctima”, afirmó Acevedo, mientras en la primera fila de los bancos el hijo de la víctima, José Antonio Palau escuchaba atento, pero con un rostro afligido.

“La dejó plasmada porque tenía sangre de la occisa en su manos antes de coger el cuchillo”, agregó la fiscal.

Acevedo también repasó el testimonio que ofreció en sala Mariangeli Merced Negrón, quien testificó que la noche del 18 de agosto, un día después de la muerte Ortiz Ortiz, la empleada doméstica le relató la manera en que ocurrieron los hechos.

En su testimonio, Merced Negrón señaló que de los Santos Pineda le contó que la Policía le había mostrado una foto del cuerpo de la víctima y le describió que tenía una herida profunda en el cuello, hacia abajo y hacia el lado, alcanzando la yugular.

Esta descripción tan precisa que conocía la acusada, Acevedo subrayó, que se parecía al testimonio que ofreció el patólogo Carlos Fernando Chávez Arias, quien testificó hoy.

Apuntó también que Chávez Arias estimó que Ortiz Ortiz, esposa del exjuez del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué, murió aproximadamente a las 1:00 p.m., hora en que de los Santos Pineda todavía estaba trabajando en el apartamento del matrimonio y donde posteriormente apareció muerta.

La abogada Lucille Borges Capó, por su parte, insistió en que la fiscal no mostró todos los elementos para configurar los delitos que imputaba a su clienta. Opinó que nunca estableció un móvil para el crimen, ni las conexiones necesarias para conectar el crimen a su clienta.

En una exposición que se extendió 30 minutos, 10 minutos más que el ministerio público, insistió en que la fiscal tampoco probó que existió planificación del delito y que con la prueba circunstancial que presentó pretendía que la jueza llegara a inferencias que no se probaban con evidencia directa.

“Cuando el ministerio público indica en la acusación que planificó el delito en unión a otra persona lo primero que tiene que saber es quién es la otra persona”, afirmó la abogada lanzando un zarpazo a la fiscal, quien no ha identificado ni acusado al alegado coautor del crimen.

También planteó que la resistencia que Ortiz Ortiz, de 72 años, mostró al momento del ataque “en cierta manera” ayudó a su clienta porque el tejido recuperado debajo de las uñas de la víctima y el cabello recuperado de una de sus pulseras no corresponde a de los Santos Pineda.

La defensa, representada por Borges Capó y Aarón Fernández, presentó como su prueba las muestras de ADN de los tejidos y el cabello recuperado del cuerpo de la víctima.

En una exposición, señaló que el ministerio público no aclaró si de los Santos tocó el cuchillo después que alguien le hubiera hecho algo a la víctima.

“Una mera presencia no constituye la comisión de un delito”, apuntó.

Antes de que las argumentaciones finales, testificaron el peluquero de la víctima, Gabriel Parrilla Ortiz, y el perito y consultor en huellas dactilares, Rubén Díaz de León, quien confirmó que la huella digital encontrada en el cuchillo que se utilizó para atacar a Ortiz Ortiz correspondía a de los Santos Pineda, como había concluido el técnico de huellas dactilares de la Policía, Víctor Manuel Reyes.

Chávez Arias indicó que Ortiz Ortiz murió como resultado de una herida realizada con un arma blanca que le cortó el cuello, la laringe y la yugular izquierda y de una asfixia por estrangulación. Concluyó que su muerte se trató de un homicidio.

También declaró que del análisis que realizó es probable que dos personas participaron en el ataque, que una persona probablemente la sujetó por la espalda mientras comprimía su cuello y otra la acuchillaba por el frente.

Indicó que por las abrasiones en las rodillas determinó que la mujer estaba de rodillas durante la agresión.

A preguntas de la jueza Linares Santiago, confirmó que llegó a la escena ante un pedido de las autoridades para descartar la posibilidad de un suicidio y durante su testimonio señaló que la escena se había alterado al colocar en la mano de la víctima el cuchillo que se utilizó para atacarla.

Los familiares de Ortiz Ortiz abandonaron el lugar a toda prisa sin realizar comentarios, mientras que la fiscal se mostró satisfecha con la determinación de la jueza.

La defensa, por su parte, indicó que respeta la decisión de la jueza y afirmó que la decisión de determinar causa en dos de los tres delitos imputados demuestra que la prueba no es tan contundente como indica el ministerio público.

“¿La prueba exculpatoria que tenía ante su consideración la jueza debió tomarla en cuenta en su determinación?” preguntaron los periodistas.

“Esa prueba lo que determina es que hay más de una persona (que cometió el delito)... pero adentrarnos más en la prueba estando el juicio pendiente no sería correcto”, indicó Fernández.

Borges Capó también insistió en que no se conectó a su clienta con el delito y cuestionó la huella de sangre que se levantó del cuchillo.

“Dando como cierto que esa huella en efecto sea una huella marcada por sangre, la mera presencia de una persona, que de una manera u otra también puede ser víctima bajo cualquier escenario en un hecho y en un incidente violento, no la convierte en coautora de ningún asesinato. En Puerto Rico, al día de hoy no se penaliza a nadie, ni se puede penalizar bajo la premisa de que hable o no hable y el ministerio público tiene que tener eso bien consciente por una causa o por otra”, indicó Borges Capó.

El cónsul de la República Dominicana, Máximo Taveras, reiteró la inocencia de su compatriota.

“La prueba circunstancial que presentó el ministerio público la vemos débil”, opinó el diplomático dominicano.

“Yo no creo que ella tenga información. Nosotros hemos podido hablar con ella en varias ocasiones a solas y yo le he preguntado que si tiene un conocimiento y me ha dicho que no”, agregó Taveras sobre el planteamiento de la abogada de que de los Santos Pineda podría ser una víctima con alguna información del crimen.

Contra de los Santos Pineda, quien se encuentra presa tras no poder pagar una fianza de $1.2 millones, pesan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

El ministerio público la acusa de cometer este crimen en concierto y común acuerdo con otra persona, pero todavía no ha acusado al alegado coautor de este crimen.