Un acusado de crimen tiene derecho a hablar sobre el caso que se lleva en su contra y a través del medio que entienda pertinente. Sin embargo eso, puede tener ventajas y desventajas coincidieron ayer varios abogados criminalistas.

Por lo tanto, el regaño de la jueza Eloína Torres Cancel a los representantes legales de Aida de los Santos Pineda para que orientaran a la empleada doméstica, acusada de asesinar a su jefa Georgina Ortiz, para que no hable con periodistas, no era necesario, coincidieron.

Según Ignacio Rivera, quien postula en tribunales federales y estatales, lo importante es que ella diga la verdad.

“Este celo con el silencio puede esconder un asesinato, por lo tanto, que hable y sepamos todos qué pasó. Lo contrario sería contravenir la justicia”, indicó Rivera.

Sobre la contaminación de potenciales jurados ante sus declaraciones, el licenciado dijo que es más importante saber su versión.

Julio Fontanet, ex presidente del Colegio de Abogados, dijo por su parte que los fiscales y los abogados tienen mecanismos suficientes para asegurarse que lo que se dijo en la entrevista “de ninguna manera impacte de manera inapropiada en la mente del juzgador”.

“El riesgo que hay, entiendo yo, es que el jurado puede esperar que ella declare en el juicio. Es decir, puede crear expectativa de escuchar esa misma versión en el juicio”, manifestó.

¿Muchas fallas?

Aarón Fernández, uno de los abogados de la empleada doméstica, quien además fue investigador de la Policía por más de 10 años, no puede entender el pobre manejo de la escena del crimen, perpetrado el 17 de agosto de 2010, en la residencia de Ortiz, en el Condominio Laguna Terrace. Esa tarde muchas personas –incluso el administrador del edificio, varios vecinos, un menor de edad, y las hijas del ex juez- entraron al apartamento antes de que llegara la Policía.

“El perito José Antonio Figueroa, cuando se le cuestionó sobre el uso de químicos o grafito, él dijo que no se usaron porque entendía que no se había limpiado sangre en la escena y la jueza (Elizabeth Linares) dijo “pero no había en el cubo del mapo”. A mi entender no se manejó bien. Es extraño también que no se buscaran más huellas. No se levantaron porque no se buscaron”, indicó.

Tampoco se hicieron entrevistas al detective privado que contrató la hija del juez poco antes del crimen, a pesar de precedentes como el caso de Lydia Echevarría. La ocupación del carro del ex juez fue casi dos años después, igual que entrevistas a testigos como el fumigador quien declaró en vista preliminar.

“Eso para mí como ex investigador es frustrante”, señaló.