La jueza Lauracelis Roques Arroyo multó con $5,000 a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al recinto de Río Piedras por incumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones para garantizar el acceso al campus que lleva paralizado desde el pasado 28 de marzo como respuesta estudiantil a los millonarios recortes presupuestarios.

La UPR, representada por su presidenta interina Nivia Fernández Hernández y la rectora interina de Río Piedras, Carmen Rivera Vega, deberán entregar el monto en las próximas 24 horas y se le sumarán $1,000 diarios durante el periodo que continúen clausurados los portones de la institución.

Este fue el resultado de una demanda inicialmente de cinco estudiantes de Derecho y Administración de Empresas del recinto que buscaban garantizar el acceso y continuar las labores académicas en medio del paro. Esta parte incluye a Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales con los abogados Pedro Vázquez y Javier López Vélez.

La misma jueza determinó el pasado 6 de abril no ha lugar el injuction preliminar y el mandamus solicitado, los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones que finalmente ordenó a la institución abrir los portones en o antes del pasado 11 de mayo a las 6:00 de la mañana.

“La pregunta que hay que hacer de entrada es si los portones están abiertos”, cuestionó del saque la jueza Roques Arroyo y la respuesta es muy obvia: no.

Sin embargo, el abogado de la UPR, Enrique Figueroa llevó a sala dos testigos para evidenciar que se hicieron gestiones para abrir los portones: a la directora ejecutiva de la Oficina de Presidencia Ivonne Huertas y la Decana de Administración del recinto de Río Piedras, Grisel Meléndez. No fue suficiente.

“La orden es clara”, dijo la jueza dirigiéndose a Figueroa, “usted tenía recursos”, añadió y enumeró algunas posibles opciones que el primer centro docente del país pudo haber utilizado antes de llegar a este panorama, como pedir una reconsideración o incluso auxilio ante el Supremo.

Mientras tanto, el licenciado Vázquez al salir describió el resultado como “un día triste”.

“Hoy es un día triste”, repitió una de las demandantes, Rosaima Rivera. “Lo único que queremos es que la universidad vuelva a abrir y que todos podamos estudiar. Creo que el método de lucha que llevan los estudiantes no es el correcto”.

Mañana habrá otra vista de seguimiento.