¿Se imagina usted en un Puerto Rico tranquilo,  menos violento, una baja dramática en la cifra de asesinatos y de robos, en que no se sienta vulnerable gran parte del tiempo, ni tenga que vivir enrejado, con alarmas y candados?

Un grupo de expertos, miembros de comunidades y de 18 organizaciones aseguran que a pesar de que suena como un paraíso inalcanzable, si usted ayuda al Gobierno a pensar de forma radical es posible lograrlo.

El grupo de trabajo delineó  un plan a largo plazo al que llamaron Estrategia de Seguridad Pública Solidaria, que no requiere de dinero adicional, sino que se puede poner en marcha con una redistribución de los fondos que existen actualmente.

Uno de los primeros conceptos que cambiaría es el de que hace falta más policías y más castigos.

De primera impresión esto parece ilógico, pero para muestra un botón basta: en Suiza hay apenas 221 policías por cada 100,000 habitantes, que es el número que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y solamente se reportan un promedio de 1.7 asesinatos por esa misma cantidad de personas.

En Puerto Rico hemos tenido hasta 711 policías, y en la actualidad hay 419, casi el doble de lo recomendado y, sin embargo, la tasa de asesinatos es de 26 por cada 100,00 habitantes. 

Por lo tanto, no se necesita machacar en esa dirección ni comprar más chalecos antibalas, ni armas más potentes como establecen las políticas de “mano dura”. Todo lo contrario, porque mientras más agentes de orden público, más burocracia, más hacinamiento en los cuarteles y más  posibilidad de que el crimen organizado se cuele en las esferas policíacas porque se relajan los criterios de reclutamiento, afirmó el sociólogo Salvador Santiago, quien participó de la creación de la propuesta.

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Ivonne Lozada editora de la Revista Ley & Orden puntualizó que Lousiana  tiene la tasa de criminalidad más alta  y las penas carcelarias más duras en Estados Unidos, pero también cuenta con el “honor” de que no ha logrado reducir los niveles de inseguridad y por el contrario, “ha aumentado la criminalidad... son como el poster child de lo que estamos planteando”.

“Llevamos más de cuatro décadas haciendo lo mismo y no da resultado. ¿No es hora ya de hacer algo diferente? Hay que perder el miedo, vamos a intentarlo y vamos a tener la voluntad de  adoptar la estrategia como otros países. Nosotros no somos más, ni menos que los otros y si ellos lo pudieron hacer, como en Chile que sale de una dictadura y ha tenido buenos resultados con una estrategia similar, nosotros también lo podemos hacer. Se trata de voluntad”, declaró Myrna Rivera de la Alianza Laura Aponte por la Paz.

De hecho, Chile redujo su tasa de homicidios a 5 por cada 100,000 habitantes tras implementar su plan.

La estrategia en la que estos grupos han trabajado desde el 2012 establece siete ejes que se deben atender a la vez  para que sea efectiva.

Esos ejes son: institucionalidad, información, prevención, control y sanción, reinserción social, ayuda a víctimas y equidad.

La institucionalidad se refiere a que debe haber un organismo que coordine a todas las agencias para que no choquen con iniciativas contradictorias, y que integre y armonice las políticas públicas.

“Sería un organismo que tenga presencia de la comunidad, que vele para que los  diferentes componentes actúen más como una orquesta que como el llanero solitario, para  que no haya duplicidad ni fragmentación de esfuerzos”, detalló Santiago.

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También es medular recopilar, integrar  y divulgar toda la información posible para generar planes de trabajo cuyos resultados sean medibles, de manera que no se implementen acciones sin saber qué resultados generan.

“Tienes que tener un mecanismo que provea información al día, cuantificable, válida y que ayude en la toma de decisiones...  sin  un componente de información que te valide si es efectiva la  movilización de la Guardia Nacional, el  dopaje masivo, la invasión de los caseríos.  ¿Dónde está la evaluación de eso? Hay que generar información que es capital intelectual. O sea, tienes que ver la información  tan importante como el capital de dinero. Si no, allí se pierde la oportunidad de actuar con información actualizada y adecuadamente ”, agregó el sociólogo. 

Estas dos áreas son las primeras que se deben poner a funcionar.

Luego vienen los otros elementos que se deben abordar simultáneamente y en ello la prevención es fundamental. Para explicar la relación estrecha entre todas las áreas, Santiago indicó que se pueden evitar situaciones como que una persona vuelva a la cárcel si se tiene la información sobre qué lo llevó allí en primer lugar. Si la persona es parte del 72% de quienes no terminaron el cuarto año de escuela superior, ya hay un indicador de que se debe trabajar con la población escolar. Al mismo tiempo se le debe dar herramientas de reinserción social y equidad a esa persona. Con todos esos detalles se ayuda a bajar el crimen a corto y largo plazo.

“En la parte de prevención hay programas  que se ha probado que son efectivos en Puerto Rico y lo que la estrategia propone es recopilar la información de lo que sirve y hacerlo a nivel nacional, masificarlos... Es de los objetivos más amplios, el que más acciones tiene a nivel  comunitario, familiar, escolar, en distintas edades y en distintos escenarios”, dijo Rivera. 

El área de control y sanción apunta a devolverle a los jueces la discreción para considerar atenuantes y agravantes a la hora de fijar una pena. Hay casos en que la persona realmente merece un desvío, pero si la ley impone tres años de cárcel y no da esa flexibilidad acaban las cárceles llenas de personas -con el costo que eso implica para el Estado-, cuando quizás se trate de una conducta que puede tratarse de otra forma.

Lozada enfatizó que con los cambios a raíz de la reforma en la Policía se está adelantando la educación a estos servidores en materia de derechos humanos, pero alertó que -nuevamente- hace falta un ente que pueda medir cómo ha mejorado el cuerpo castrense en ese aspecto y que siga  promoviendo ajustes según haga falta.

La asistencia a víctimas es un componente que se ha visto con cuánto éxito se implementó en Chile a través de una red de ayuda a la que ya todas las agencias saben que deben dirigir a las víctimas de delitos. Las mismas organizaciones que ya ofrecen esta ayuda se pueden unir y ofrecer garantías de un trato digno para que estén fortalecidas al momento de acudir al sistema de justicia y reciban la ayuda adecuada.

Por otro lado, el grupo de trabajo estableció que hay una relación directa entre la desigualdad económica y todos los problemas de violencia y el gobierno y la empresa privada deben continuar trabajando para reducir esas brechas.

Para que un proyecto como este eche hacia adelante hace falta que la gente se lo exija a sus gobernantes sin importar el partido político en el que militen, e involucren a sus vecinos y familiares.

Las organizaciones y las Iglesias también pueden unirse para lograr resultados en cada área para sacar los objetivos del término de cuatro años según cambian las administraciones.

Rivera señaló que lograr un país más seguro es beneficioso además porque se atrae inversión en la medida que las empresas no tienen que invertir grandes cantidades de dinero en seguridad, y la estabilidad ayuda a su desarrollo, por lo que al país le conviene trabajar en esa dirección.

“Cuando comienzas a tener un país seguro donde las personas pueden hacer vida afuera, coger una guagua a altas horas de la noche porque sabes que vas a llegar seguro, que los jóvenes pueden salir a disfrutar sin temor a no regresar a sus casas, creas un ambiente que es positivo para la inversión”, destacó la presidenta de Alas-Pas.

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