La presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz, declinó opinar sobre la nominación de su pareja Gina Méndez Miró al Tribunal de Apelaciones.

Méndez Miró, jefa de personal en la oficina del presidente senatorial Eduardo Bhatia, es una de los 91 nominados por el gobernador que serán evaluados antes de que finalice la sesión extraordinaria este martes.

“El nombramiento de la licenciada Méndez, igual que los otros nombramientos que se han presentado están dentro de la facultad constitucional del gobernador (Alejandro García Padilla) de hacer unos nombramientos y pasará por el mismo rigor y por el mismo proceso que todos los nombramientos. Tendrá que ir al Senado de Puerto Rico, quien la evaluará y someterá su consejo y consentimiento”, sostuvo Oronoz.

Ante la posibilidad de que –de ser confirmada- haya conflicto de interés cuando un caso de Méndez Miró llegue al Supremo para ser evaluado, la presidenta del alto foro judicial dijo que “más adelante veremos; una vez -pase o no pase- pues entonces nos expresaremos. En estos momentos le quiero tener mucha deferencia, particularmente por el nombramiento que es, a que pase el proceso como pasan todos los otros nombramientos”.

Advirtió que el Tribunal Supremo es uno colegiado, por lo que “ningún juez, ni siquiera la jueza presidenta tiene facultad para tomar ninguna decisión (por sí sola)… Las decisiones se toman en conjunto, somos nueve jueces…”.

En cuanto a si la cantidad de nombramientos es excesiva, esta sostuvo que “hay un número fijo de jueces en la Rama Judicial… hay vencimientos, se nombran personas nuevas, es un proceso fluido. Son las plazas que hay y Puerto Rico tiene un número muy alto de controversias”.

También reclamó tener deferencia con el gobernador, que es quien “tiene la facultad constitucional de nombrar. Obviamente el Senado hace su ejercicio de evaluación y confirmación así que es parte del proceso democrático y es como está diseñado nuestro sistema de Gobierno”.

Mutis ante revisión del Código Civil

Por otra parte, Oronoz no quiso comentar sobre la revisión del Código Civil porque es “un asunto que compete realmente a la Legislatura y al Ejecutivo. Ciertamente, es un asunto muy importante, pero no es nuestra posición en la Rama Judicial validarlo o aprobarlo, sino meramente esperar si se aprueba algo o no y en un futuro, si esas controversias llegan al Tribunal, pues el Tribunal sería entonces quien interpretaría las leyes”.

Ya el Supremo presentó su posición ante la Legislatura en las vistas que se realizaron.

“Ni como jueza presidenta ni como representante de la Rama Judicial debo expresarme”, sentenció.

Tampoco habla sobre carta circular

Mientras, y en cuanto a la posibilidad de que el gobernador entrante Ricardo Rosselló enmiende o derogue la circular 19-2014-2015 del Departamento de Educación que establece la política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo, la presidenta del Tribunal Supremo indicó que eso es una facultad que tuvo el gobernador saliente y será competencia del electo. Sobre este último, Ricardo Rosselló, dijo “que como él define su política pública es un asunto del Ejecutivo y le tenemos mucha deferencia, como que son tres ramas distintas y con funciones muy distintas. Quiero tener la deferencia con el gobernador electo que él haga su plan de trabajo y la política pública que él estime”, agregó.

Son rumores

En cuanto a informes que señalan que la jueza Anabelle Rodríguez se retiraría en estos días para dar paso a que sea sustituida por alguien afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), Oronoz dijo que tiene la misma información que la prensa.

“Leo los periódicos, escucho los rumores de un lado y de otro, no tengo ninguna información”, aseveró.

Agregó que tiene nueve jueces en el Tribunal Supremo y que “la jueza Anabelle Rodríguez es la jueza de mayor antigüedad, en tiempo que lleva aquí… Hasta donde yo tengo entendido, no ha habido ningún cambio. A mí no me han notificado nada”, agregó.