El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy que “no voy a implementar una reducción en la jornada laboral” ante información extraoficial que apunta a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podría anunciar mañana viernes una directriz a esos efectos.

Durante una rueda de prensa en el teatrito de La Fortaleza, el primer ejecutivo  dijo que “desconozco si la van a hacer o no”, pero ante la posibilidad,  convocó hoy a la prensa para hacer una presentación titulada “¿Por qué es innecesaria una reducción de la jornada laboral?”

El mandatario dijo que esta medida “insensata” solo saldría a flote “en caso de que no cumpliéramos con los objetivos de liquidez”, asunto que asegura “se está cumpliendo”. Según la presentación, el efectivo actual en caja es de $1,799 millones. También defendió su postura al mencionar leyes y órdenes ejecutivas y administrativas dirigidas a evitar esa medida. 

Reiteró, además, que la JSF, ente creado por la ley federal Promesa como respuesta a la crisis fiscal en el gobierno, puede recomendar, pero no imponer unilateralmente, según la Sección 205 del estatuto federal. Por lo tanto, se anticipa que el asunto llegue a los tribunales ante la postura del gobernador de no facilitar esa  medida. “Vamos a ir hasta cualquier punto que sea necesario para defender al pueblo”, dijo Rosselló Nevares.

Una de las razones de su postura, explicó,  es el “impacto radical” en la economía que estimó en más de $600 millones en un período de dos años. Mencionó que de 150,895 empleados en el gobierno, un total de 138,415 se verían afectados por un recorte de  jornada.

Por su parte, Christian Sobrino Vega, representante del gobernador ante la JSF, expuso que “se certificó un plan y lo estamos cumpliendo... Tratar ahora de imponer una reducción de jornada… de 10% es contraproducente a las metas en el plan fiscal”.

“Es contraproducente al desarrollo económico de Puerto Rico. Es contraproducente a todos los empleados públicos que ya están cogiendo cantazos bajo la Ley 26. A los municipios que están teniendo que hacer reformas en su administración, a la UPR, a las otras partes del gobierno que están teniendo que enfrentar unos retos que se están preparando para unos retos, añadirle uno adicional, no tiene justificación”, agregó Sobrino.

Apuntó, además, que “aquí no es que estamos boyante, pero estamos en una posición para cumplir”. 

¿Y por qué el gobierno no convence a la JSF?  Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dijo que hay una “diferencia” entre el criterio de la JSF y el gobierno, relacionada con las medidas de “no personal” que están incluidas en el plan fiscal certificado.  “Ellos entiende que tenemos una deficiencia en esos números”, expuso Portela.