Las dos confesiones ofrecidas por Christopher Sánchez Asencio, uno de los dos acusados por los asesinatos de cuatro miembros de una familia en Guaynabo, y un casquillo de bala ocupado durante su arresto, podrán usarse en su juicio luego de que el juez Julio de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón, declaró no ha lugar la petición de supresión de su defensa.

Durante la vista de supresión, los licenciados Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Méndez trataron de demostrar que el arresto de Sánchez Asencio la madrugada del 18 de noviembre en la Urbanización Versalles en Bayamón constituyó un acto ilegal porque se realizó sin que mediara una orden judicial y sin motivos fundados para pensar que había cometido un delito.

Por tratarse de un arresto ilegal, según los abogados, la evidencia obtenida también era ilegal.

Sin embargo, de la Rosa Rivé concluyó que en este caso la Policía contaba con los motivos fundados para arrestar a Sánchez Asencio.

"El arresto fue legal", afirmó el togado.

"El casquillo ocupado en el bolsillo de su pantalón procede y debe ir al jurado por tratarse de un registro incidental en un arresto válido", agregó.

El togado también concluyó que las dos confesiones escritas ofrecidas por el hombre se realizaron sin que mediara la coerción y de forma libre y voluntaria.

Inmediatamente el juez emitió su determinación, el licenciado Gordon Menéndez pidió que no se entregara la evidencia de la vista al Ministerio Público, representado por los fiscales Janet Parra Mercado, María del Mar Ortiz Rivera y Miguel Alameda Ramírez, para que el expediente estuviera completo en la eventualidad de que la defensa acudiera al Tribunal de Apelaciones.

Pero luego de un intercambio ante el estrado del magistrado, las partes acordaron dejar en el expediente copias de las piezas marcadas como exhibits del Ministerio Público y los originales fueron devueltos a los fiscales.

En su argumentación final, la fiscal Parra Mercado afirmó que la Policía tenía razones para intervenir con el acusado porque el menor sobreviviente de la tragedia había ofrecido su nombre y detalles del crimen.

"Hay una conexión entre la información que da el niño y que se va pasando hasta llegar a esa persona. Esos motivos fundados se transfieren al agente (Luis) Martínez, que es quien lo arresta", apuntó.

Afirmó que el acusado renunció voluntariamente a sus derechos cuando confesó su participación en el crimen diciendo que se trataba de un acto de arrepentimiento.

"Esa renuncia fue voluntaria. Lo demuestran las advertencias firmadas y las admisiones de su puño y letra", insistió.

Además, señaló que el agente Roberto Marrero leyó al acusado las advertencias de Ley de forma eficaz y que por eso Sánchez Asencio incluyó parte de ese lenguaje en sus admisiones.

Cameron Gordon, por su parte, insistió en que la Policía no tenía motivos fundados para detener a Sánchez Asencio cuando llegó a su hogar en la urbanización Versalles.

La Policía llegó al lugar tras recibir información de que allí se había cometido una masacre, pero en realidad arribaron a la casa donde residía Sánchez Asencio con su mamá y que alquilaba a la familia asesinada.

"Hasta ese momento Martínez no tiene información de que es sospechoso de un delito", afirmó el abogado.

Posteriormente, los policías que se encontraban en la residencia recibieron información de que una guagua Toyota 4-Runner oscura estaba vinculada al crimen. Un vehículo con esta descripción se encontraba en la marquesina de la casa.

"Una vez Christopher está privado de su libertad, eso no constituye motivos fundados porque no podía relacionarse con la masacre de Guaynabo", apuntó.

Según narró, el agente Martínez primero ordenó a un agente mantener a Sánchez Asencio bajo vigilancia, luego cuando recibió información adicional, ese agente lo arrestó tras leerle las advertencias. El oficial también ocupó un casquillo calibre .45 que tenía en el bolsillo de su pantalón.

Cameron Gordon afirmó también que el agente Marrero, quien tomó las admisiones, no le explicó al acusado las consecuencias de renunciar a su derecho a mantenerse callado o a renunciar a la presencia de un abogado.

"Las circunstancias fueron dirigidas a intimidarlo en un momento en que se sentía vulnerable y estaba detenido desde hacía horas", señaló.

Sánchez Asencio ofreció dos confesiones. En la primera, se presentó como una víctima del crimen, cuya autoría adjudicó a José Luis Bosch Mulero, el otro coacusado.

Pero en una segunda confesión, admitió su participación en el asesinato de la familia.

Sánchez Asencio y Bosch Mulero enfrentan juicio por separado. Cada acusado enfrenta cuatro cargos de asesinato por las muertes de Miguel Ortiz Díaz, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, su hijo mayor Miguel Ortiz Uceda y su suegra Clementina, en sucesos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre pasado.

También encaran un cargo de tentativa de asesinato por intentar matar al otro hijo de la pareja, de 13 años, y único sobreviviente de la tragedia, así como cargos de secuestro agravado, agresión grave, destrucción de prueba, robo agravado, conspiración y varias violaciones a la Ley de Armas.