No logran eliminar confesión de la madre de bebé que apareció en congelador
La jueza Nerisvel Durán Guzmán también rechazó la petición de desestimación de cargos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia San Juan, rechazó anoche una petición de supresión de confesión de la defensa de Xiomara Rodríguez Flores, acusada de un cargo de asesinato por la muerte de su bebé de cinco meses y dos cargos de maltrato contra su hijo de 5 años.
Durán Guzmán también rechazó la petición de desestimación de cargos que presentaron las abogadas Samari Benítez Santiago y Yaritza Torres Medina, de la Sociedad para la Asistencia Legal.
Así las cosas, el juicio contra Rodríguez Flores y su compañero en ese momento, José Miranda López, quien enfrenta un cargo de destrucción de evidencia por guardar el cuerpo del bebé de su pareja en el congelador de la nevera y otros dos cargos de maltrato, inicia hoy en la sala 1103 del juez Harry Massanet Pastrana.
Ayer, la magistrada celebró una audiencia para atender la supresión a pesar de que las abogadas de la defensa solicitaron una fecha posterior para presentar el informe de un perito que evalúa la capacidad mental de Rodríguez Flores.
Luego de recesar para leer la moción de las abogadas, la jueza Durán Guzmán explicó en corte abierta que para la vista de supresión no era necesario un perito, porque ante su consideración no estaba el estado mental de la testigo sino las condiciones en que tomaron las admisiones de la acusada.
Benítez Santiago insistió en que este caso se manejaba de forma “atropellada”, porque su cliente era “pobre” y reiteró que el estado imprimía al caso una sentido de urgencia que evitaba que la defensa se preparara adecuadamente para defender a la acusada. Esa prisa en el manejo de este caso, según la abogada, se debía a la preocupación que tenía el Estado con los términos del caso.
Las Reglas de Procedimiento Criminal establecen que la defensa puede solicitar un recurso de “habeas corpus” (excarcelación) cuando el acusado o acusada cumpla los seis meses en cárcel sin que haya iniciado el juicio en su contra.
Rodríguez Flores se encuentra detenida desde el 20 de diciembre de 2012, pero el periodo para calcular los seis meses se interrumpió cuando la defensa solicitó que el siquiatra del Estado evaluara a la mujer para determinar si se encontraba procesable, según indicó la jueza.
Durán Guzmán también señaló que la acusada no quedaba “huérfana” de remedios con la decisión de atender la vista en la tarde de ayer, puesto que la defensa tenía un segundo turno al bate en el juicio cuando podía evitar la adminisibilidad de las expresiones de la acusada al amparo de la Regla 109 o podía recurrir su determinación “si no le es acorde”.
La fiscal Deborah Benzaquen Parkes, quien representa al ministerio público junto al fiscal Mario Rivera Géigel, argumentó brevemente que el caso se manejaba a este ritmo para proteger el derecho constitucional de la acusada a que su juicio se celebre en seis meses.
Después de este debate, arrancó la vista, la cual contó con dos testigos: el agente de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Miguel Rivera Claudio, quien tomó las primeras admisiones a Rodríguez Flores, y la fiscal Nancy Morales Cruz, quien le tomó dos declaraciones juradas.
Ambos testigos declararon, por separado, sobre el proceso que siguieron para entrevistar a la acusada, luego de leerle las advertencias que se realizan a los acusados o sospechosod de delitos.
Rivera Claudio entrevistó a Rodríguez Flores en el Cuartel de la Policía, en Hato Rey, la noche del 18 de diciembre y la madrugada del 19, mientras que Morales Cruz la entrevistó la tarde y noche del 19 de diciembre en el Centro Metropolitano de Investigaciones, cercano al Tribunal de San Juan.
En las diversas entrevistas, la acusada firmó las advertencias. En el caso de las admisiones al agente, escribió el relato con su puño y letra. También firmó las dos declaraciones juradas que ofreció a la fiscal.
Los dos testigos no entraron en los detalles de las admisiones. El agente Rivera Claudio solo indicó que en la segunda entrevista realizada después de despertar a la mujer, quien dormía en una oficina en el Cuartel General, ésta admitió que supuestamente observó a su hijo ahogarse en su propio vómito sin prestarle ayuda. En esa entrevista, ocurrida luego de entrevistar a su compañero, también indicó que arropó a su bebé y se acostó a dormir y que ponderó quemar el cuerpo del bebé para “que no hubiera evidencia”.
En su contrainterrogatorio, la abogada Benítez Santiago cuestionó duramente a los testigos sobre el trato ofrecido a su representada desde el inicio de la investigación y la forma en que tomaron sus admisiones incriminatorias sin explicarle en detalle el alcance de su acción.
Benítez Santiago también trató de resaltar que los testigos nunca trataron a Rodríguez Flores como una víctima de violencia doméstica, pese a que esta investigación empezó como un posible caso de violencia doméstica.
La mujer durmió en una silla en el Cuartel General. Luego fue traslada al Centro Metropolitano de Investigaciones y posteriormente al Tribunal de San Juan para la radicación de cargos en su contra. Los dos testigos nunca ofrecieron a la mujer la alternativa de ubicarla en un albergue para víctimas de violencia doméstica, según trascendió.
Las advertencias consignan que todo lo que una persona diga puede ser usado en su contra, pero los dos testigos reconocieron que explicaron a la mujer de forma específica que si ofrecía admisiones inculpatorias podrían radicarle un cargo de asesinato, que conlleva una pena de 99 años de cárcel.
Los testigos también indicaron que corroboraron que Rodríguez Flores sabía leer y escribir, pero que no le preguntaron sobre su escolaridad, ni consignaron este asunto en los diversos documentos que firmó la mujer.
En la vista preliminar, Morales Cruz declaró que en una primera declaración jurada Rodríguez Flores confesó que dio un biberón de leche y majado de yautía y batata al infante de cinco meses y que luego lo observó ahogarse en su propio vómito.
Después, en una segunda declaración jurada, la mujer supuestamente reconoció que como el pequeño realizaba unos sonidos mientras se ahogaba, lo apretó contra una almohada durante cinco o diez minutos.
Inicialmente, Rodríguez Flores, de 24 años, y Miranda López, de 43, renunciaron a la vista preliminar tras alcanzar un acuerdo con el ministerio público. Sin embargo, el fiscal general José Capó no ofreció su visto bueno a dicho acuerdo.
Ante esta situación, se celebró la vista preliminar y el juez Enrique Silva Avilés encontró causa para juicio contra la pareja.
El abogado de oficio José Roselló Rivera representa a Miranda López, quien se encuentra detenido en la cárcel federal por otro caso.