La jueza Laura Lis López Roche, del Tribunal de San Juan, no encontró causa ayer, miércoles, para juicio contra el exfuncionario del Departamento de Vivienda, Federico del Monte Garrido, por su supuesta participación en actos fraudulentos relacionados al programa de Comunidades Especiales.

Del Monte Garrido enfrentaba 30 violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y 26 cargos de mal uso de fondos públicos por supuestamente pagar las facturas sometidas por el arquitecto Ángel Cocero Cordero por servicios que alegadamente no prestó al programa de Comunidades Especiales.

Pero este no es el primer caso que no prospera en las etapas iniciales del proceso judicial.

Hace tres meses un juez no encontró causa para el arresto del alcalde de San Lorenzo, José Ramón Román Abreu, dos empleados municipales y un contratista por supuestamente tramitar el pago de una cancha de baloncesto que nunca se construyó en una comunidad especial del ayuntamiento.

El año pasado otro juez no encontró causa para juicio contra el profesor de la Universidad de Puerto Rico, José Molinelli Freytes. Tampoco hubo causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades, ni en contra de su chofer, José Contreras Santana.

La Oficina del Fiscal Especial Independiente, que radicó los cargos contra el alcalde de San Lorenzo, también exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por su participación en alegadas irregularidades del proyecto emblemático de la administración de la exgobernadora Sila M. Calderón.

Capítulo "bochornoso"

A juicio del licenciado José Andreu Fuentes, quien representó a Del Monte Garrido, con este revés se cierra el capítulo "más bochornoso de la historia de la persecución política en Puerto Rico".

"En este caso, un grupo de fiscales de la administración pasada (del gobernador del Partido Nuevo Porgresista, Luis Fortuño), dirigidos por el fiscal Francisco Sánchez (Rodríguez) y por directriz del secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, intentaron criminalizar el programa de Comunidades Especiales con el único propósito de hacer un daño político al partido de oposición", apuntó el letrado.

Esas ansias de causar daño político al partido opositor -Partido Popular Democrático-, según Andreu Fuentes, llevó a los fiscales a presionar testigos.

"De ahí que haya surgido en proceso que a uno de los testigos del caso lo hubieran hostigado por meses con el único propósito de hacer que éste acusara falsamente a la gobernadora Sila M. Calderón o a la entonces secretaria de la Vivienda, Ileana Echegoyen", indicó.

"Al no poder llegar a eso, la fiscalía se inventó un caso contra Federico del Monte, quien era el secretario auxiliar a cargo de la rehabilitación de casi 500 comunidades pobres", agregó.

Cocero Cordero declaró ayer que el Ministerio Público lo amenazó con enviarlo a la cárcel sino delataba a la exgobernadora o a otros funcionarios de alta jerarquía.

También dijo que su declaración jurada contenía la verdad alterada por los fiscales.

El arquitecto se convirtió en testigo de cargo luego de alcanzar un acuerdo para que se rebajan los cargos que pesaban en su contra.

Enfrentaba cargos de apropiación ilegal y de fraude, pero el Ministerio Público eventualmente archivó los cargos de fraude.

Cocero Cordero estuvo representando inicialmente por los abogados Jorge Pierluisi y José Gaztambide. Pero en el proceso judicial cambió de representación legal y se retractó del acuerdo de colaboración. Ahora es representado por el licenciado Enrique Juliá.

"Luego de casi un año de una vista preliminar en donde los fiscales presentaron más de 20 testigos y cientos de documentos quedó demostrado que aquí no había ni un ápice de prueba que demostrara que el señor Del Monte había cometido algún delito público", apuntó Andreu Fuentes.

"Quedó demostrado también que ni tan siquiera el supuesto testigo estrella, que había hecho un convenio para declararse culpable, tampoco cometió delito alguno sino que simplemente fue presionado y hostigado para que se declarara culpable y así demostrar que había habido delito", añadió.

Justicia pedirá grabación

Ante los señalamientos del arquitecto Cocero Cordero, el secretario de Justicia, César Miranda, solicitó copia de su testimonio para evaluación.

"El secretario César Miranda solicitó la transcripción de un testimonio que desfiló durante el proceso contra el señor Federico del Monte, en el que podría haber evidencia de acciones impropias de parte del suspendido fiscal Sánchez. Dicho testimonio formará parte del expediente de la investigación administrativa que conduce el Departamento de Justicia", indicó a este medio Miguel Pereira, portavoz de prensa de la agencia.

También indicó que la Oficina de la Inspectora General continúa trabajando en la investigación sobre las actuaciones del fiscal Sánchez Rodríguez, quien se encuentra suspendido desde principios del 2013.