Una docena de expolicías retirados bajo la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, conocida como la Ley 70, quienes protestaron durante cinco horas frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, porque el Gobierno no les ha pagado el dinero de su liquidación, se fueron decepcionados ya que sus demandas no fueron atendidas.

 La avenida Franklin D. Roosevelt quedó paralizada por una media hora en dirección hacia Puerto Nuevo, luego de que los manifestantes ocuparan los tres carriles como medida de presión ya que nadie de la administración de la agencia se ha acercado para dialogar con ellos.

Los expolicías lograron que en horas del mediodía el coronel Orlando Meléndez, superintendente auxiliar en Operaciones de Campo (SAOC), y Miguel Rivera, superintendente auxiliar de Servicios Gerenciales, accedieran a reunirse para escuchar sus reclamos. Sin embargo, el encuentro no arrojó los resultados esperados ya que los funcionarios insistieron en que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la cual es responsable por el desembolso de los fondos.

 Pero el cierre del tránsito no fue el único incidente reportado en la manifestación. Más temprano, el portavoz del grupo, que no está afiliado a ninguna de los gremios de policías, Carlos Jiménez Ramos, se esposó al portón de entrada frente a la avenida Roosevelt para llamar la atención a sus reclamos. Según aseguró, solo han escuchado excusas durante los pasados años para incumplirles con el pago, a pesar de que se les ofreció el dinero como incentivo si se acogían al retiro temprano.

Jiménez Ramos afirmó que en la OGP y en el Capitolio les aseguran que el dinero para pagarles la deuda fue asignado al presupuesto de la Policía. No obstante, en la Oficina de Nóminas de la Uniformada se les informa que no hay fondos.

“Nos vamos tristes y decepcionados. Nunca el superintendente (José L. Caldero) nos dio la cara. Le pasaron la papa caliente a la OGP. Nos explicaron que como nos acogimos a la Ley 70 nos independizamos de la Policía y por eso OGP tiene que enviarles a la Policía los fondos para pagarnos a nosotros”, declaró con tristeza Jiménez Ramos, quien indicó que iba a movilizarse al Capitolio para elevar sus denuncias.

De acuerdo con el portavoz de los manifestantes, la Ley 70, en su artículo 6, inciso A, establece que el dinero de la liquidación final por concepto de licencias por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude la agencia le será pagada en un periodo no mayor de 90 días a partir de la fecha en la que gestionó la documentación requerida.

“Llevamos alrededor de dos años sin ver acción del Gobierno y entendemos que nos timaron con dicha ley… En el caso mío, yo no cojo pensión. Yo ingresé en la Policía en el año 2000 y me retiré en el 2013 y lo que cojo es la liquidación. Y ni eso me han dado. Siempre hay excusas. A veces no nos quieren atender, otras veces nos dicen que no hay dinero, que hay que ir unos días específicos a preguntar y tampoco nos quieren atender. Nos tratan como criminales”, puntualizó Jiménez Ramos, al iniciar la protesta.

 El grupo contempla acudir a la Oficina de Ética Gubernamental para presentar una querella y advierte que continuará en escalada hasta proseguir a los foros federales.

“Nos tienen condenados. Les estamos exigiendo que sean humanos, que cumplan con la Ley. Nosotros, con honor y honra, le cumplimos al pueblo de Puerto Rico. Sabemos que muchos jefes se hacen de la vista larga, porque ellos sí cobraron su dinero de la liquidación y se quedaron calladitos”, sostuvo el portavoz, al denunciar que conoce de casos de coroneles que luego de cobrar el dinero retiraron su solicitud para retirarse de la agencia.

Los manifestantes indicaron que tienen conocimiento que desde que entró en vigencia la Ley, hasta el mes de diciembre del año pasado se estuvieron pagando las liquidaciones.

“Es timo y estafa la Ley 70 con nosotros. En realidad nos sentimos que nos timaron, porque hicimos unos planes basado en el tiempo que nos iban a pagar el dinero y nada”, agregó Jiménez Ramos.

En su caso, explicó que tiene dos niños con problemas de salud y se verá en la obligación de viajar a fin de año a los Estados Unidos para que puedan recibir un tratamiento médico adecuado. Tuvo que matricular a sus hijos en la escuela pública y operar un carrito de perros calientes para poder sobrevivir económicamente.

Hamilton Ortiz, por su parte, dijo que lleva 595 días esperando por el pago para poder establecer un negocio. Recordó que muchos agentes se han tenido que acoger a la quiebra y hasta han perdido sus residencias por atrasos en el pago de la hipoteca.

Roberto Reyes, por su lado, lleva tres años retirado de la agencia tras laborar 31 años en la Uniformada y no le han pagado ningún dinero.

“La Policía es la madre que no quiere a sus hijos”, exclamó.

“Yo tuve que hacer un ‘part-time’ de seguridad y tenía un quinceañero que lo logré gracias a mi familia. Entonces, se me atrasó la casa, se me atrasó el carro y me llaman todos los días, pero no los puedo pagar, no hay chavos para eso. Se me dañó el crédito”, manifestó molesto Benjamín Sierra González.

La Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento se creó a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles pudieran retirarse o separarse voluntariamente de su empleo en el Gobierno de Puerto Rico a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios.

“Otro superintendente más que promete y no cumple. Señor Caldero: necesitamos que nos paguen nuestro dinero. Si el problema no es de esta agencia, pues tírelo al medio para que nosotros podamos ir a reclamar. No queremos pensar que esto es un plan político para no cumplir con la ley”, agregó Jiménez Ramos.

 Los manifestantes indicaron que el gobernador Alejandro García Padilla había anunciado públicamente la asignación de una partida de $10.4 millones para pagarles la liquidación.