El Departamento de la Familia defendió hoy, martes, su intervención en el complejo caso de una familia ponceña en la que en un periodo de ocho años han muerto tres menores.

En dos de esas muertes, incluida una ocurrida en 2013, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no ha podido determinar causa de muerte.

Este caso trascendió a la luz pública el pasado viernes, cuando Joanlyn Caraballo Ortiz fue declarada muerta en el Hospital Damas, en Ponce. La niña de tres años fue llevada a la institución médica por su madre, Madelyn Ortiz Rivera y su padre, José M. Caraballo Ortiz, vecinos de la urbanización Starlight, en el citado pueblo.

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Según datos brindados por la Policía, se encontraron residuos de vómito en una batita azul que tenía puesta la niña. También se levantó en su residencia una almohada con vómito y un biberón con leche. El cuerpo no mostraba signos de violencia y la residencia estaba en orden, dijo la Policía.

En casos de muertes de niños el proceso para determinar causa del deceso es mucho más riguroso que en adultos. Como parte de ese trámite, el ICF realiza varias pruebas toxicológicas. 

Durante el curso de la pesquisa sobre la muerte de la niña de tres años, su progenitora le indicó a la Policía que otros dos hijos suyos también habían muerto.

El primero, Absalón Dávila Ortiz, fue declarado muerto el 7 de agosto de 2007. La mujer alegó que fue por causas naturales y ayer, lunes, el Departamento de Justicia confirmó esa versión.

El segundo deceso ocurrió el 1 de agosto de 2013 cuando Ortiz Rivera encontró a su hijo de tres meses de nacido, Jeremy Caraballo Ortiz, inerte, tras darle leche en horas de la tarde. La mujer llevó al menor al Hospital San Lucas, donde se confirmó su deceso.

Sin embargo, el ICF no ha entregado a la Fiscalía de Ponce los documentos que certifiquen las causas del deceso del niño Jeremy.

En el caso del menor de cuatro años, la pesquisa sobre el deceso se cerró.

Este medio intentó obtener hoy una explicación más detallada del ICF para que se explique cómo un informe de causa de muerte de un niño se demore un año y ocho meses, pero la directora de la institución, la doctora Edda Rodríguez, no estuvo disponible.

Sin embargo, Amber Lee Vélez Burr, portavoz del Departamento de Justicia, indicó que el ICF ya recibió el informe de toxicología sobre la muerte de Jeremy, en cuya redacción colaboraron recursos “externos”. “Eso debe permitir que en los próximos días pueda prepararse un informe de autopsia”, aseguró.

Mientras, Hilda Rodríguez, administradora auxiliar del área de Preservación y Fortalecimiento de la Familia en la Administración de Familias y Niños (Adfan), indicó, sin entrar en detalles específicos del caso, que la agencia entró al núcleo de esta familia tras la muerte de Caraballo Ortiz. En ese momento Joanlyn tenía alrededor de un año, pero la menor no fue removida, a pesar de que se desconocía la causa de muerte de su hermanito.

La funcionaria dio a entender que se identificaron recursos dentro de la familia que velarían por el bienestar de la menor.

“Cuando tenemos situaciones con estas características, que hay un referido previo, una situación previa de maltrato o un caso de muerte sospechosa, se identifican recursos de apoyo en la familia a través de los planes de protección”, dijo Rodríguez en entrevista telefónica.

Al recalcar que el Departamento de la Familia no está en posición de determinar si la causa de muerte de Caraballo Ortiz fue debido a un patrón de maltrato, sí indicó que típicamente se identifican parientes como un tío, una abuela o un abuelo que sirvan como una especie de enlace con el trabajador social asignado al caso.

“En este caso sabemos que eso fue parte las acciones que se tomaron”, dijo. “En estos casos intentamos que haya una persona velando por la protección de la menor, que la vea diariamente”.

Rodríguez indicó que la muerte de Dávila Ortiz no generó un referido al Departamento de la Familia, que usualmente surge desde el momento del deceso y es generado por el hospital o por la Policía.