El excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, tendrá que ir a juicio por los cargos de actos lascivos y pornografía infantil que pesan en su contra, luego que este lunes la jueza superior Berthaida Seijo, del Tribunal de Carolina, rechazó una petición de la defensa para que desestimara las acusaciones.

La jueza validó uno de los argumentos del ministerio público al determinar que la petición de desestimación de los abogados Mayra López Mulero y Edwin Castro fue "prematura", pues los fundamentos jurídicos que levantaron dependen de que concluya el proceso judicial que Cordero enfrenta en el foro federal por los mismos hechos, y eso todavía no ha ocurrido.

Cordero hizo alegación de culpabilidad en febrero pasado, ante el juez federal Gustavo Gelpí, por un cargo de posesión de pornografía infantil, pero debido a que el informe presentencia no había sido completado, la lectura de sentencia que había sido señalada para finales de junio, fue pospuesta hasta el 28 de agosto.

La jueza Seijo amparó su determinación de este lunes en que el tipo de alegación que hizo Cordero en la jurisdicción federal no constituye una convicción, pues requiere que el juez federal acepte el informe presentencia y fije una condena para que sea final. Si esto no ocurre, el acusado podría retirar la alegación de culpabilidad, y no ser considerado convicto de los cargos.

La jueza superior de Carolina, en cambio, explicó que en el sistema estatal en Puerto Rico una alegación de culpabilidad suscrita por un juez equivale de inmediato a una convicción.

En su moción de desestimación, discutida en corte abierta, los abogados de la defensa argumentaron que enjuiciar a Cordero a nivel estatal por los mismos hechos por los que ya aceptó responsabilidad en el foro federal violentaría la disposición constitucional relacionada con la doble exposición, que prohíbe que una persona sea procesada por un mismo delito en más de una ocasión.

“Puerto Rico no puede penalizar y juzgar por segunda ocasión a Hilton Cordero por los mismos hechos que ya fueron adjudicados a nivel federal”, planteó López Mulero.

La teoría de la defensa es que, por su relación política con los Estados Unidos, en Puerto Rico no aplica la doctrina de soberanía dual, que permite que en aquellos casos en que se infrinjan leyes federales y estatales, la persona acusada pueda ser juzgada en ambos foros sin que se violente la garantía constitucional de doble exposición.

Pero el fiscal José Marrero afirmó que esa doctrina jurídica sí aplica en la Isla, y para sustentar su argumento, mencionó que desde el 1922, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el de Puerto Rico la han validado, y han permitido que se procese a una persona por los mismos hechos en ambas jurisdicciones.

Marrero, incluso, indicó que en el foro federal se aplicó la doctrina en un caso que implicaba a un miembro de la comunidad indígena navajo, en Arizona.

“Puerto Rico, al igual que las tribus indígenas, no ha renunciado al poder de procesar criminalmente”, subrayó el fiscal.

Ante el revés sufrido en corte, López Mulero anticipó a su salida de sala que buscará que se adelante en el Tribunal Federal la lectura de sentencia, pautada para el 28 de agosto, de manera que la alegación de culpabilidad se torne en convicción. Ello, derribaría el argumento sobre la petición de desestimación "prematura", y podrían levantar nuevamente el asunto de la doble exposición.

"Vamos a hacer un esfuerzo para ver si se puede acelerar la sentencia a nivel federal", adelantó López Mulero. "Si esa alegación, si se sentencia antes de que empiece este juicio, nosotros vamos a revivir el argumento".

El juicio contra Cordero está supuesto a comenzar el 5 de agosto, y se extendería todo ese mes.

De otra parte, López Mulero comentó que la alegación de culpabilidad, que fue anejada a la moción de desestimación y es ahora un documento público, dispone que Cordero se reservó en el foro federal su facultad para acudir al Circuito de Apelaciones, en Boston, para impugnar la constitucionalidad de la evidencia en el caso.

La defensa del exfuncionario municipal levantó sin éxito el mismo argumento en el sistema de justicia estatal, al afirmar que la orden de registro y allanamiento mediante la cual se ocupó una computadora de Cordero con material pornográfico en su residencia en Parque Escorial, Carolina, no cumplió requisitos constitucionales.

“Si Boston le da la razón a la defensa, Hilton regresaría adonde el juez Gelpí porque evidentemente, si le suprimen la evidencia, hay que ver si el Estado tiene evidencia independiente para segur el proceso, si no, se terminó el caso”, puntualizó.

Los hechos por los que Cordero será enjuiciado se remontan a los años 2002 al 2007, e involucran a una vecina que entonces tenía entre 12 y 17 años.