San Juan.- El obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, mostró hoy satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que determinó que esa diócesis no está obligada a entregar información al Departamento de Justicia de las víctimas mayores de edad de supuestos abusos sexuales.

La decisión del alto tribunal revocó otra del Tribunal de Primera Instancia que había ordenado a la Diócesis de Arecibo a entregar a la Justicia local los expedientes de las víctimas adultas de abuso sexual que solicitaron confidencialidad sobre esos supuestos hechos cometidos en el seno de la Iglesia Católica en ese municipio del norte de Puerto Rico.

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Dijo que con su decisión el máximo foro judicial valida el protocolo que ha seguido la Diócesis de Arecibo de compartir con el Estado la información de las víctimas menores de edad y proteger el reclamo de confidencialidad en los casos de víctimas adultas.

La Diócesis de Arecibo había pedido que se dejara sin efecto el requerimiento de información por parte de la Fiscalía por considerar que violaba el reclamo de confidencialidad que hicieron las víctimas adultas a la diócesis.

El representante legal de la Diócesis, Frank Torres Viada, expresó por su parte que con esta sentencia el derecho a la intimidad de todos los puertorriqueños tiene mayor protección.

Destacó que la "determinación provee un marco legal para continuar colaborando con el Estado, respetando la intimidad de las víctimas y los procesos internos de investigación de la Iglesia".

Dijo que el obispo Daniel Fernández Torres ha demostrado cero tolerancia al abuso de menores y en sólo tres años que lleva al frente de la Diócesis de Arecibo ha expulsado a seis sacerdotes por denuncias de conducta impropia de índole sexual y que además ha publicado sus nombres.

"Tal como ha expresado el papa Francisco esto es un mal que hay que erradicar y la Diócesis de Arecibo continuará con su política de cero tolerancia trabajando, como hasta ahora, para lograrlo", concluyó el obispo.

La Diócesis de Arecibo está inmersa en una investigación por supuestos abusos sexuales en los que están involucrados sacerdotes y seminaristas, algunos suspendidos por las autoridades eclesiásticas.

El caso salió a la luz tras la destitución del exnuncio apostólico para República Dominicana y Puerto Rico, Josef Wesolowski.