En lo que representa el operativo de corrupción pública y policiaca más grande realizado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), esa agencia arrestó hoy, miércoles, 133 personas, incluyendo 89 oficiales de ley y orden.

El masivo dispositivo policiaco desplegado incluyó más de mil agentes del FBI que viajaron a Puerto Rico desde distintas partes de Estados Unidos.
Algunos estimados preliminares apuntan a que 128 de los acusados por un gran jurado federal fueron apresados en horas de la madrugada en distintas partes de Puerto Rico.

Aunque no se ha podido identificar un cabecilla de la operación, de la investigación surgió que un teniente de la policía estatal de Vega Alta figuró como cerebro de gran parte de las transacciones ilegales de drogas que fueron captadas en grabaciones de audio y vídeo por el FBI.

Los arrestados son: 61 oficiales de la policía, 16 oficiales municipales de San Juan, Toa Baja, Arecibo, Vega Baja, Guaynabo y Maricao y 12 oficiales de la Administración de Corrección, entre otros. Entre los civiles hay empleados de ASUME, tres efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, dos del Ejército de Estados Unidos y siete ex policías.

Ve la retransmisión de la conferencia de prensa del Departamento de Justicia de Esatdos Unidos y la del FBI en Puerto Rico

Los datos fueron provistos en una rueda de prensa de la fiscal María Domínguez, el jefe del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, y el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, minutos después que en Washington hicieran el anuncio principal el secretario de Justicia Eric Holder y la fiscal de distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

En las transacciones imputadas participaron agentes encubiertos que sirvieron de facilitadores al operativo, proveyendo droga falsa y apartamentos para los encuentros. La participación de los oficiales acusados fue dar protección armada para que se pudieran efectuar los negocios.

Los datos fueron provistos en una rueda de prensa de la fiscal María Domínguez, el jefe del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, y el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, minutos después que en Washington hicieran el anuncio principal el secretario de Justicia Eric Holder y la fiscal de distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.

En las transacciones imputadas participaron agentes encubiertos que sirvieron de facilitadores al operativo, proveyendo droga falsa y apartamentos para los encuentros. La participación de los oficiales acusados fue dar protección armada para que se pudieran efectuar los negocios.

Entre los arrestados se destacó un policía adscrito a la unidad de transportación de La Fortaleza, aunque se aclaró que no tenía contacto directo con el gobernador Luis Fortuño.

Además, se indicó que los tres guardias nacionales arrestados cometieron los delitos mientras estaban activos en el patrullaje preventivo contra el crimen junto a la Policía.

En las preguntas de la prensa se trató de precisar qué organización o personas se beneficiaban de estas transacciones, pero se indicó que los encubiertos fingían las ventas. La fiscal Domínguez dijo que la gran mayoría de los oficiales que se ofrecieron para estas transacciones habían sido contactados por otros oficiales corruptos.
Las transacciones ocurrieron mayormente en apartamentos, donde los acusados tomaban cerveza o comían mientras esperaban que llegara el presunto comprador de las sustancias controladas. Los cinco kilos de la sustancia que simulaba ser cocaína fueron provistos en cada transacción por los agentes federales, así como dinero. Por cada venta los agentes recibieron de $500 hasta $4,500.

Las acusaciones están contenidas en 26 pliegos acusatorios contra 133 individuos. Al centenar se les imputa poseer con intención de distribuir sustancias controladas y utilizar armas de fuego durante la comisión de un crimen de narcotráfico, en más de cien ocasiones ocurridas entre el 2008 y 2010 en diferentes lugares de Puerto Rico.
Mientras esperaban por completar el negocio, un policía imputado comentó que asesinó una persona y enterró el cadáver en cal. Además, otros dijeron que sabían cómo cambiar el cañón de un arma disparada para despistar la pesquisa, que sabían cómo robar armas y radios de la Policía, además que podían conseguir balas en el bajo mundo conocidas como “cops killers”, que penetran chalecos a prueba de bala, para venderlas.

Las autoridades federales indicaron que someterán más información a las autoridades de Puerto Rico.

Fraticelli comentó que Figueroa Sancha había iniciado la investigación en el 2008 cuando era empleado del FBI y continuó ejerciendo un papel protagónico en la misma siendo jefe de la Uniformada.

El jefe del FBI declaró que la evidencia recopilada “es contundente”, con grabaciones de audio y vídeo de los arrestados.