El juez superior Carlos E. Carrasquillo Soto, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó hoy a la Policía que entregue durante los próximos cinco días laborables los listados de los pagos por concepto de ajuste salarial y dinero retroactivo que se le adeuda a todos los pensionados de la agencia. 

La orden fue emitida durante una vista que se llevó a cabo como parte de la demanda presentada en 2006 por el Frente Unido de Policías Organizados (Fupo) a la que posteriormente se le unió el Concilio Nacional de Policías (Conapol), ante el incumplimiento del pago de la deuda millonaria que le fue ordenado por ese juez hace varios años. 

El Gobierno aceptó en el tribunal que adeuda un total $270 millones por concepto de ajustes salariales. Sin embargo, esta demanda fue sometida en beneficio de un total de 5,225 oficiales. El caso no se convirtió en un pleito de clase, aunque al final del proceso todos los agentes que tengan la misma reclamación serán beneficiados. 

El año pasado, los dos gremios habían acudido al tribunal con un recurso en el que se solicitaba que el Gobierno detallara cómo se distribuiría una partida de $16 millones con el fin de comenzar a pagar el remanente de la deuda por ese concepto a los agentes activos y retirados cuyo pago está pendiente hace alrededor de diez años. 

El presidente del Fupo, Diego Figueroa, en entrevista con este medio explicó que durante la vista hoy, miércoles, se le ordenó también a la Policía, a través de los procuradores del Departamento de Justicia Carlos R. Quiñones Cruz y Manuel F. Díaz Lugo, que el 15 de diciembre entregue un análisis completo de los expedientes de los policías detallando el dinero que le corresponde a cada uno de los agentes a los que se les tienen que hacer los ajustes. 

El estudio debe incluir el sueldo individual, el nuevo salario, incluyendo la partida adeudada y cómo se hicieron los cálculos, observó Figueroa. 

También el juez indicó que para el 25 de enero de 2016 la parte demandante tiene que informarle al tribunal si está conforme o no con los resultados del análisis de los documentos entregados por la agencia. 

Si se acepta como correcta la información, Figueroa agregó que, entonces la Policía deberá enviar cartas a cada uno de los policías detallando el monto de los ajustes. 

“El juez quiere saber dónde está el dinero, qué hicieron con el dinero. El juez quiere saber también cómo lo utilizaron y cuándo lo utilizaron. Van a tener que hacer una auditoría completa”, comentó Figueroa. 

El líder gremial dijo que durante la vista también se le informó al juez que durante todo el proceso, que comenzó bajo la jefatura del exsuperintendente Pedro Toledo Dávila, la Legislatura ha asignado fondos activos y fondos recurrentes para el pago de la deuda, pero al presente se desconoce para que fines fueron utilizados y la cantidad exacta que fue otorgada. 

De hecho, durante la administración del exgobernador Luis G. Fortuño se contrató una firma de auditorías para hacer el análisis de estos casos con el resultado de que los expedientes de los agentes estaban plagados con errores. El proceso se paralizó en medio de la reconsideración del aluvión de reclamaciones.