El corredor de seguros Pablo Casellas Toro dijo hoy que se siente “tranquilo” a pesar de que la mayoría de los candidatos al jurado entrevistados hasta el momento dicen que no quieren participar en el proceso judicial en su contra.

“No tengo comentarios”, indicó Casellas Toro al concluir el tercer día del proceso de selección del jurado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. A preguntas de los periodistas cuando salía en silla de ruedas de la corte, el hombre que está acusado por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, el 14 de julio de 2012, dijo que se sentía tranquilo.

Harry Padilla, quien encabeza el equipo de defensa, sostuvo que su cliente se encuentra en buen estado anímico.

Casellas Toro se ve atento al proceso de desinsaculación del jurado y en comunicación con sus abogados. En los recesos de almuerzo la escolta privada que lo acompaña, lo traslada a la cafetería del tribunal, donde comparte con su equipo legal.

Sobre su condición de salud, Padilla dijo que estaba impedido de hablar. 

En cuanto al proceso de selección del jurado, el abogado dijo que se les va ser difícil encontrar un jurado justo e imparcial.

La mayoría de los entrevistados también se ha expresado en contra del uso de armas de fuego, particularmente en las residencias. Sólo uno de los prospectos dijo que practica el tiro al blanco, un deporte del que es aficionado el acusado.

“La información que nosotros tenemos es que se va ser bien difícil conseguir un jurado justo e imparcial”, dijo Padilla, quien recordó que una encuesta que realizó la defensa arrojó que tendrían dificultades para conseguir un jurado imparcial para Casellas Toro en la región judicial de Bayamón.

“No creo que nadie quiera que lo juzgue alguien injusto. Es un concepto natural del ser humano”, indicó Padilla, quien les ha pedido a los entrevistados un jurado entregado “en alma, vida y corazón”.

De los 16 candidatos interrogados por Padilla hoy, 11 le dijeron al abogado que no querían ser miembros del jurado.

 Mientras tanto, el juez superior José Ramírez Lluch, quien preside el caso, descartó hoy tres candidatos más por razones “motivadas”, entre ellos, dos maestras de educación especial. Con estos tres, ya son 19 las personas que han sido excluidas del proceso por el tribunal. Del grupo original de 50 prospectos al jurado que comparecieron el martes, sólo quedan 31, por lo que se entiende que el tribunal tendrá que citar candidatos adicionales ya que las partes no han ejercido todavía su derecho a excluir personas sin tener que explicar sus razones. Cada parte tiene derecho a 15 exclusiones perentorias.

Padilla indicó que ha visto “montones” de casos en los que muchos de los potenciales jurados rehúsan participar y al final las partes logran conformar el cuerpo de juzgadores del Pueblo.

“No es cuesta arriba, pero es trabajoso, se consiguen”, dijo el abogado, quien no quiso entrar en los motivos de los entrevistados que dicen que no quieren ser jurados en el caso.

“Esa es la posición de ellos y hay que respetársela”, sostuvo. En su línea de entrevistas, el experimentado criminalista del área oeste ha insistido en el tema de la posesión de armas de fuego y en la participación de los ciudadanos en grupos de apoyo a víctimas del crimen o en contra del uso de armas.

Los fiscales Phoebe Isales, Janet Parra y Sergio Rubio todavía no han hecho preguntas a los potenciales jurados.

Las partes tampoco han entrado en el elemento de la publicidad que se alega que ha tenido el caso.

Muchos de los candidatos se quejaron de sentir calor en la sala, mientras que el juez Ramírez Lluch excusó por problemas con el aire acondicionado, que dijo fueron referidos a la Autoridad de Edificios Públicos.

El proceso de selección del jurado reanuda el jueves próximo. Ese día los candidatos recibirán primero una orientación del Negociado de Jurados por las preocupaciones que han presentado muchos de ellos de que se verían afectados en sus trabajos por lo prolongado que se perfila el juicio.

Por otra parte, martes y miércoles continuará la vista de supresión de evidencia en la que la defensa busca anular uno de los registros al carro del acusado después de los hechos.