Durante la última vista pública para evaluar el reglamento, Feliciano Torres enumeró todas las condiciones médicas que padece: fibromialgia, artritis degenerativa, discos herniados, cáncer de la piel y una gastritis que, según afirmó, es resultado de la gran cantidad de medicamentos que ingiere diariamente.

Al testificar ante funcionarios del Departamento de Salud en salón Guillermo Arbona, dijo que era fotógrafo profesional, pero al presente está incapacitado por sus enfermedades, y clamó por que se permita en Puerto Rico la posibilidad de que personas como él puedan consumir marihuana recetada para calmar los dolores crónicos que experimenta día y noche.

“El dolor es insoportable. Y cuando no puedo dormir, me entra una depresión... Esa depresión me da con quitarme la vida”, confesó ante una audiencia sorprendida con su testimonio.

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“No estoy loco. Es la desesperación de lo que estoy pasando y sufriendo junto a mis seres queridos”, apuntó mientras leía la ponencia que escribió a mano en papel de libreta.

El reglamento en discusión establecería los procesos para que una persona con una condición médica debilitante pueda obtener una certificación de su médico que recomiende el uso de marihuana medicinal para aliviar su condición o los síntomas asociados a esta.

De acuerdo con el borrador circulado por el Departamento de Salud, los médicos estarían autorizados a recomendar el uso de la marihuana para propósitos medicinales y viabilizar que el paciente adquiera un suministro de hasta 30 días, siempre y cuando no tenga en su posesión más 10 onzas diarias. Para ello, el paciente debe tener una Tarjeta de Identificación para el Uso de Marihuana Medicinal.

Los únicos medios autorizados para su consumo serían pastillas, gotas orales, inhaladores orales, tópicos, ungüentos o cremas, y vaporización.

Debate médico

Durante la vista también habló el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Eduardo Ibarra, en representación de la Fundación Pro Derecho a la Salud. El galeno citó estudios científicos que apuntan a que el índice terapéutico del tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo del cannabis, supera hasta por 10 veces el de otras sustancias frecuentemente utilizadas en los tratamientos médicos como el diazepam (Valium) y la morfina.

Sobre el acceso que podrían tener los menores a la marihuana medicinal, el médico consideró que no se deben confundir los temas.

“Una cosa es el asunto de la conducta de los adolescentes, la supervisión de los padres y la forma en cómo la sociedad debe educarlos y otro el asunto científico de los medicamentos”, sostuvo Ibarra. El acceso e uso inadecuado, dijo, “es un problema de la conducta humana, de la sociedad, que no tiene que ver nada con la investigación científica y el uso de estos medicamentos para tratar el dolor y el sufrimiento”.

Mientras, la doctora Wanda Beltrán, especialista en medicina interna, se opuso a la aprobación del reglamento por interpretar que no existe suficiente investigación científica que evidencie los beneficios de la marihuana medicinal y por entender que “el propósito añorado” del proceso es “legalizar la (marihuana) recreativa y eliminar la despenalización sin estadísticas reales, ni datos correctos”.

Agricultores del patio también la quieren cultivar

A la audiencia, además, compareció el agricultor José Ortega Silva, quien documentó sus propios estudios sobre los distintos usos del cannabis.

El joven de 24 años aprovechó su turno para repudiar que se le dé la facultad de cultivar, distribuir y dispensar la marihuana medicinal de manera exclusiva o casi exclusiva a compañías como GrowBlox Sciences, cuyo principal oficial ejecutivo propuso en vista anterior limitar los permisos que el Estado pueda otorgar anualmente para estos propósitos.

“Exigimos la igualdad. No le podemos seguir dando nuestros pocos recursos económicos a compañías del exterior con prioridad, y mucho menos a compañías como GrowBlox, que alegan ya tener una exclusividad. Lo que yo a simple vista puedo ver es que la compañía busca una monopolización”, reclamó Ortega Silva, quien presentó al oficial examinador copia de certificados emitidos por universidades en Estados Unidos que acreditan su conocimiento en el tema.

La asesora legal de la secretaria de Salud, la abogada Mayra Maldonado, por su parte, explicó que el oficial examinador, Jan Carlos Bonilla, quien dirige el proceso de vistas públicas, examinará las ponencias y presentará un informe que evaluará la titular de la agencia para entonces aprobar el reglamento. Confió en que esté listo para implementarse a principios de 2016.

Comoquiera, señaló, se tratará de un asunto en revisión permanente.

“Esto no es algo que está escrito sobre piedra. Es algo de lo que vamos a tener que seguir aprendiendo sobre la marcha”, concedió.