La defensa de la exsenadora popular Mari Tere González radicó ayer en la tarde un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para intentar que ese foro les dé la razón y establezca que no se deben prosperar cargos criminales contra la ex funcionaria.

Según el abogado, Yuseph Lamboy, los cargos presentados en contra de la exlegisladora están basados en información contenida en los informes financieros que ella presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Por lo tanto, alega su defensa, le corresponde a esa agencia tramitar cualquier irregularidad o discrepancia que entienda.

Lamboy afirmó que la OEG ni siquiera ha terminado de hacer una auditoría forense a los informes financieros. Su argumento es que se debe agotar ese trámite administrativo antes de cualquier cosa.

Luego de que el abogado informara en sala que presentó el recurso ante el Apelativo -casi 12 horas antes de que venciera el plazo límite- el juez de primera instancia, Rafael Taboas, citó a una nueva vista de status el 18 de agosto.

Anteriormente, Taboas -quien debe decidir si hay causa suficiente para ir a juicio- había rechazado desestimar los cargos contra la exsenadora.

El Fiscal Especial Independiente, Ramón Mendoza, afirmó fuera de sala que una cosa no tiene nada que ver con la otra debido a que las imputaciones contra Maritere están ancladas en otros estatutos.

“Nuestras acusaciones están basadas en el código penal y en el proceso criminal. El proceso administrativo, si alguno, si es que realmente es como dice la defensa, que lo atienda debidamente la Ley de Ética Gubernamental o dicha oficina”, afirmó Mendoza a medios de prensa.

Como en otras ocasiones, Maritere se mantuvo callada ante preguntas de los medios.

Su abogado intervino cuando se le preguntó su parecer sobre la noticia que trascendió ayer de que al expresidente cameral Jaime Perelló le radicarán cargos la próxima semana.

“En cuanto a eso nosotros no conocemos los detalles de ese caso  y sería irrespetuoso de nuestra parte comentar de ese caso. Estamos enfocados en el asunto jurisdiccional y estamos seguros de que si se aplica el derecho correctamente se deben desestimar todos los cargos (contra Maritere). No sé qué van a radicar en ese caso. No vamos a comentar”, declaró Lamboy.

Según la teoría del FEI, Maritere recibió ayuda financiera de Anaudi Hernández, exrecaudador del Partido Popular Democrático y exmiembro del comité de finanzas de Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL). Como parte de esos alegados beneficios económicos, la exlegisladora vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG.

De haber pagado, hubiese tenido que desembolsar unos $43,000 en tres años.

La exlegisladora enfrenta 13 imputaciones a nivel estatal: una por violación a la Ley de Ética Gubernamental, cuatro por perjurio, cuatro por posesión y traspaso de documentos falsificados y otras cuatro por falsedad ideológica.