El juicio contra el trovador y promotor de espectáculos, Julio César Sanabria, acusado de someter una factura falsa al municipio de Hormigueros en el 2008, quedó señalado hoy para los días 8, 9 y 10 de diciembre próximo.

Sanabria, quien compareció junto con su abogado, al Tribunal de Mayagüez, no ha informado todavía si se someterá a un juicio por jurado o por tribunal de derecho.

La fecha para el juicio fue escogida hoy por las partes en una vista ante la jueza administradora del tribunal de mayaguezano, Aixa Rosado Pietri, en cuya sala está pendiente el caso.

A la vista de hoy habían sido citadas a solicitud de la defensa, la Compañía de Turismo y la compañía matriz de la Cervecera de Puerto Rico, pero no comparecieron.

Como parte del descubrimiento de pruebas, el abogado de Sanabria, Harry Padilla, había requerido a Turismo documentos relacionados con la Feria Porta del Sol y a la compañía privada, facturas y cheques.

La jueza expidió una orden contra la Compañía de Turismo para mostrar causa por no haber comparecido. La empresa alegó que no fue citada.

Contra Sanabria y su corporación pesan cargos de apropiación ilegal de fondos públicos y traspaso de documentos falsos. El delito de apropiación ilegal de fondos públicos no conlleva el beneficio de una sentencia suspendida (probatoria).

Al promotor se le imputa someter al Municipio de Hormigueros una factura “falsa” a nombre de la cervecera de Puerto Rico, con precios inflados, por la presentación en tarima de dos bandas de rock y un dúo de reguetoneros en la Feria Porta del Sol, en agosto de 2008. Se le determinó causa para juicio el 10 de octubre de 2013.

La defensa alega que la prueba estaba “huérfana del elemento de defraudar”.

El fiscal Edwin Ortiz sostiene que aunque el contrato por $100,000 que suscribió Sanabria con el alcalde de Hormigueros, Pedro García, para celebrar la feria, le permitía a Empresas Sanabria buscar auspicios, el contratista “no podía inflar los precios de estos artistas”.

De ser encontrado culpable, el promotor se expone a una pena de tres a ocho años de cárcel por el delito de apropiación de fondos públicos. Por el delito de traspaso de documentos falsos la pena fluctúa de entre seis meses a tres años en prisión.