La vista preliminar que se sigue contra el el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Molinelli Freytes, se celebrará los días 30 de noviembre, 3 y 7 diciembre en la sala del juez Enrique Silva Avilés del Tribunal de San Juan.

Contra el geomorfólogo, pesa un cargo por el artículo 201 del Código Penal por apropiación de servicios públicos para uso personal y un cargo de violación al artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental que impide a un empleado público utilizar sus deberes y facultades para obtener beneficios y privilegios prohibidos por ley.

Hoy, durante una vista sobre el estado de los procedimientos, el licenciado Harry Anduze Montano y el fiscal Martín Ramos Junquera solicitaron el aplazamiento del proceso judicial, que se había pautado para los días 8, 9 y 20 de noviembre.

Las partes informaron al magistrado su intención de estipular algunos documentos, que se presentarán como evidencia en el caso contra el conocido profesor.

Anduze Montano también pidió al fiscal Ramos Junquera que enviara una carta a los testigos anunciando su intención de entrevistarlos.

Como parte del proceso, se sentarán a declarar cuatro testigos, que incluyen dos exempleados de Geosistemas, la compañía de servicios profesionales del profesor; un exempleado de la UPR y subalterno del Molinelli Freytes cuando éste dirigió el Departamento de Ciencias Ambientales y el arquitecto Ángel Cocero Cordero, quien contrató la firma del catedrático para un trabajo relacionado a al programa de las Comunidades Especiales.

En la sala 605, Molinelli Freytes observó atento a su abogado y al fiscal acercarse al estrado para conversar fuera del récord. Luego el juez Silva Avilés repitió en voz alta los acuerdos entre las partes.

A su salida de sala, el licenciado Anduze Montano explicó que son estipulabres los documentos oficiales que recogen la multiplicidad de autorizaciones que la UPR concedió a su representado para realizar trabajos con municipios y agencias gubernamentales.

“Algunos están fuera de los años que menciona la denuncia. Nada que aclare esta situación”, afirmó el letrado.

Sobre la carta a los testigos que pidió al fiscal, Anduze Montano que “la Regla permite la entrevista, pero mi práctica es informarle al fiscal que voy a entrevistarlos por si el fiscal tiene alguna objección por alguna razón que no espere a que yo cite el testigo a mi oficina para levantarla”.

 El abogado de la defensa entrevistará a los cuatro testigos que el ministerio público utilizará en este procedimiento.

Además, reiteró la inocencia de su cliente.

“Yo no conozca ninguna... prueba que inculpase a mi cliente de un delito tendría que fabricarse. No pueden tener algo”, respondió Anduze Montano.

El fiscal Ramos Junquera, por su parte, aclaró que los cargos contra Molinelli Freytes no se limitan al trabajo que realizó para el programa de las Comunidades Especiales como se divulgó en los medios inicialmente, sino que se trata de servicios que el catedrático ofreció a través de su compañía Geosistemas a diversos municipios y agencias utilizando las facilidades y un empleado de la UPR. Los alegados hechos ocurrieron entre 2002 y 2005.

Indicó que la evidencia demuestra que cuando Molinelli Freytes dirigió el Departamento de Ciencias Ambientales utilizó un empleado suyo en horario de trabajo de la UPR para realizar trabajos para su compañía privada.

Ese empleado, que el fiscal no identificó, alegadamente utilizaba los materiales, equipos y programas computarizados de la UPR para completar los trabajos de Geosistemas.

Por estos trabajos el catedrático pagó al empleado, que dejó de trabajar en la UPR hace como dos años, con dinero de Geosistemas, según Ramos Junquera.

Señaló, además, que se topó con estas alegadas violaciones de ley cuando entrevistó a Cocero Cordero, un contratista que enfrenta cargos de fraude relacionados al programa de Comunidades Especiales.

Diversos sectores han criticado la radicación de cargos contra Molinelli Freytes y otros empleados públicos que colaboraron con la administración de la exgobernadora Sila M. Calderón porque entienden que se trata de cargos motivados por presiones político-partidistas.