Ante la no comparecencia de Antonio “Chuchin” Soto Díaz y su abogada por alegados percances de salud, el juez Harry Massanet Pastrana, del Centro Judicial de San Juan, reseñaló para el próximo 16 de enero a las 10:00 a.m. la celebración de la conferencia con antelación al juicio sobre los múltiples cargos que enfrenta el exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

A la sala 1103, donde estaba pautada la vista, solo acudieron los fiscales especiales independientes (FEI), Manuel Nuñez Corrada y Emilio Arill, así como el fiscal Carlos Romo Aledo, de la división de delitos económicos del Departamento de Justicia. Allí, Massanet Pastrana explicó que la abogada de Soto Díaz, Grisel Hernández se comunicó telefónicamente en horas de la mañana de hoy, miércoles, para informar que tanto ella como el propio exsenador se encontraban indispuestos de salud, por lo que no podrían comparecer hoy al tribunal.

No se especificó qué situación de salud les impidió presentarse ante el juez.

El exsenador, quien renunció a su escaño legislativo por el distrito senatorial de Guayama el 15 de septiembre de 2011 luego de protagonizar un escándalo relacionado a un lujoso carro Bentley que supuestamente le regalaron, además de denuncias relacionadas a sus finanzas, enfrenta cargos estatales por dos pliegos acusatorios separados.

Por un lado, en junio de 2013 se le determinó causa para arresto por 13 cargos criminales por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 adicionales por falsificación ideológica, esto por presuntamente cobrar $2,106 en dietas legislativas, mientras se encontraba de viaje en la República Dominicana.

Mientras, en mayo pasado tanto al exsenador como a su esposa Agnes López Díaz se les acusó de tres cargos por infracciones al Código de Rentas Internas y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Según el Departamento de Justicia, el matrimonio no reportó un ingreso aproximado de $481,000 en sus planillas de los años 2009, 2010 y 2011 para evitar el pago de contribuciones. Esa cantidad fue reducida a $241,370 por el juez que atendió la vista preliminar, Enrique Silva Avilés, luego de evaluar la prueba sometida por el Estado.

Ambos señalamientos serían atendidos hoy.

Al menos por el delito de apropiación ilegal, de ser encontrado culpable, Soto Díaz podría ser sentenciado a 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de optar por una sentencia suspendida o probatoria. Además, el juez podría sentenciarlo a restituir el dinero que se alega cobró ilegalmente.