El Tribunal de Apelaciones paralizó el juicio que se sigue contra Lilliam Álvarez de Toledo, acusada de timar a decenas de inmigrantes en la Isla, luego de que la mujer acudió a dicho foro a solicitar la designación de un nuevo abogado por no contar con los recursos para contratar representación legal.

Hoy debía iniciar el proceso criminal contra Álvarez de Toledo, pero ante la acción del foro apelativo la jueza Awilda Mejías Ríos, del Tribunal de Bayamón, señaló una vista sobre el estado de los procedimientos para el 21 de mayo.

Debido a la orden de paralización, Mejías Ríos, quien atendió el caso porque el juez Julio de la Rosa Rivé estaba ausente hoy, tampoco atendió una moción de relevo de representación legal del licenciado Ludwig Ortiz Belaval.

La magistrada explicó en corte abierta que el letrado debía presentar sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones, que le concedió hasta el 28 de abril para expresarse sobre la controversia.

"No lo puedo relevar, ni asignar un abogado de oficio", afirmó la jueza Mejías Ríos.

Ortiz Belaval compareció como abogado de la mujer luego de que el Tribunal Supremo impuso una suspensión de tres meses a su primer abogado, Antonio Arraíza, por conducta impropia.

Posteriormente, el letrado pidió al juez de la Rosa Rivé el relevo del caso porque no se materializó la contratación. De la Rosa Rivé no aceptó la renuncia.

"No soy abogado contratado... Vengo bajo la promesa de contratación. No se da y lo informo", afirmó Ortiz Belaval al concluir la vista de hoy.

Las diferencias entre Ortiz Belaval y Álvarez de Toledo evitaron que el abogado defensor se reuniera con el fiscal de Distrito de Bayamón, José Virella Santana, para discutir la posibilidad de un acuerdo como adelantó el licenciado en una vista presidida por el juez de la Rosa Rivé.

Esas desavenencias también llevaron a la acusada a acudir al Tribunal de Apelaciones con una moción que presentó por derecho propio.

"A mí me han violado todos mis derechos, incluso el de tener un abogado", afirmó la mujer, que camina apoyada con un andador de ruedas rojo.

"Me han dejado en la calle", agregó.

Insistió en su inocencia y aseguró que los cargos en su contra responden a una agenda política para ganar votos, de algún político que no supo identificar.

"Yo estoy bien tranquila de que voy a perseverar", concluyó.

 Álvarez de Toledo enfrenta 64 cargos de fraude y apropiación ilegal agravada por supuestamente cobrar a 32 víctimas, mayormente dominicanos, por trámites para visados de viaje y de trabajo, que no realizó.

La mujer supuestamente timó a dichas víctimas por $37,000, según cálculos del Ministerio Público.

Las fiscales del caso Arlene Gardón Rivera, Begoña de Jesús Meléndez y María del Mar Ortiz Rivera estuvieron en la sala 605 durante la vista.