Aunque satisfechos con las muestras de apertura de la Rama Judicial al permitir el uso de aparatos electrónicos y la entrada de fotoperiodistas en alguna salas, las organizaciones que representan al gremio periodístico advirtieron este lunes que buscarán mayores garantías para estos profesionales y que el acceso se autorice de manera permanente.

Los líderes de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Fotoperiodistas, el Taller de Fotoperiodismo y el Centro para la Libertdad de Prensa celebraron en una conferencia de prensa que el Tribunal Supremo enmendara el Canon 15 de Ética Judicial para permitir que se tomen fotografías y vídeos, y grabaciones de audio, durante algunas sesiones judiciales, pero adelantaron que impulsarán algunos cambios al reglamento que regirá la nueva política para procurar mayor efectividad en su implantación.

 "Hay algunos detalles técnicos que quisiéramos ajustar porque entendemos que puede haber mayor apertura", manifestó Rafael Lenín López, presidente de la Asppro, durante la rueda de prensa efectuada en la sede del Taller de Fotoperiodismo en Puerta de Tierra, San Juan.

Con ese objetivo, los representantes de las organizaciones periodísticas se reunirán la semana próxima con el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, en un día que todavía no ha sido determinado, para discutir los "detalles técnicos", e incluso abogar por que el plan se extienda a otras salas de los tribunales, como las que atienden casos criminales.

La propuesta presentada el año pasado por las cuatro organizaciones disponía que el proyecto piloto abarcara tanto el ámbito civil como penal.

La nueva política adoptada por la Judicatura como un plan piloto permitirá solamente acceso a los fotoperiodistas a las salas de recursos extraordinarios en procedimientos civiles en el Tribunal de San Juan. Ese proyecto entrará en vigor en julio, y tendrá un año de duración. De manera inmediata, sin embargo, se impartieron instrucciones para que los periodistas puedan utilizar sus computadoras portátiles y teléfonos móviles como parte de su cobertura dentro de las salas.

 La autorización concedida por el Tribunal Supremo está sujeta a la absoluta discreción del juez que presida el proceso, quien podrá denegar o restringir el uso del equipo.

Entre los reparos levantados por los líderes gremiales respecto al reglamento adoptado, figura el que solo se permita la presencia de un camarógrafo de televisión y dos con cámaras fotográficas en sala, y que se ordene solicitar el acceso por escrito y diez días antes del procedimiento judicial.

La nueva normativa establece que los medios que tendrán acceso a las salas serán aquellos que sometan primero su petición, pero estarían obligados a compartir el material fotográfico o audiovisual con otros medios que no pudieron entrar al proceso. También incluye disposiciones respecto a la ubicación del equipo en la sala, y la conducta que deben seguir los periodistas y fotoperiodistas durante el proceso judicial.

El presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, José Rodríguez, instó a sus colegas a aprovechar las oportunidades que brinda la nueva reglamentación, y hacer buen uso de la limitada apertura. 

"Exhorto a los compañeros fotoperiodistas que, cuando nos den esta oportunidad, hay que saberla aprovechar, hay que demostrarle no solamente al tribunal, sino al pueblo que nuestra clase trabajadora está preparada para llevar este mensaje como el pueblo merece. Que se vea claramente que aquí se está trabajando y estamos viendo cómo trabaja la Rama Judicial", sostuvo el líder de los fotoperiodistas.

López coincidió en que, con la entrada en vigor de la nueva política de acceso, comenzará una etapa de "formación" y "aprendizaje" tanto para los funcionarios del sistema judicial como para los miembros de la prensa.

El abogado y profesor universitario Carlos Díaz Olivo, quien ha asesorado a las organizaciones durante este proceso, afirmó que el reglamento contiene algunas áreas "vagas" y "generales", pero estimó que es de manera intencional "para que se vaya trabajando".

Además, indicó que se debe discutir en detalle como se implementará en términos funcionales el proyecto, establecer un plan de trabajo para delinear cómo "evolucionará" y se extenderá, y definir cuáles serán los criterios específicos para evaluar su efectividad.

"La idea es que surjan estas recomendaciones en conjunto", subrayó Díaz Olivo.

El fotoperiodista Ismael Fernández Reyes, fundador del Taller de Fotoperiodismo, recordó que la iniciativa para permitir el acceso de sus compañeros y los medios audiovisuales a las salas de los tribunales, que comenzó en la década de 1970, persigue el fin social -garantizado por la Constitución- de proveerle al pueblo acceso a la información y dejarles conocer cómo funcionan las tres ramas de gobierno.

"No estamos pidiendo un privilegio para nosotros, sino un derecho que tiene el pueblo de estar bien informado", puntualizó Fernández Reyes.