La demanda que sometió a nivel municipal el hijo del alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill Rosa, contra una empleada que luego lo demandó a él a nivel federal por hostigamiento sexual debería ser atendida también por el Tribunal de Estados Unidos.

Así lo solicitaron los abogados de la exempleada Inés María Jelú Iravedra, José F. Quetglas y Pedro R. Vázquez, al presentar una moción de remoción de la acción civil que inició O'Neill Rosa ante el Tribunal de Guaynabo para que se atienda junto a la demanda federal.

La abogada que hasta el 28 de marzo pasado trabajó en la División Legal del Municipio, demandó a O'Neill Rosa, mejor conocido como El Cano, por un alegado patrón de hostigamiento sexual que duró de 2012 a 2015, y contra el municipio de Guaynabo por no tomar acción al respecto. Reclama más de $10 millones.

Sin embargo, el 10 de febrero pasado, el hijo del alcalde Héctor O'Neill García demandó en el Tribunal de Guaynabo a Jelú Iravedra alegando que sostuvieron una relación secreta e “íntima extremadamente esporádica” que “nunca tuvo carácter de relación formal de pareja”, pero que ella lo implicó en un patrón de hostigamiento sexual en su contra que, según dijo, no pudo probar. La demanda es por abuso de proceso y daños a su reputación, además del rompimiento de su relación con su pareja, también empleada del Municipio.

La moción sometida en el expediente electrónico del caso señala que “disgustado al ser rechazado y expuesto, O'Neill Rosa buscó retribución por parte de Jelú, al demandarla en una acción local por abuso de proceso, difamación y daños a su reputación. Al hacer esto, O'Neill Rosa ha puesto en controversia en la acción local si la imputada conducta de hostigamiento sexual realmente ocurrió”.

“Esto constituye un velado intento para municipalizar la demanda federal de hostigamiento sexual de Jelú. Más perturbador es el hecho de que la queja de O'Neill Rosa es basada exclusivamente en información confidencial que contenía el informe investigativo de (exsecretario de la gobernación, Miguel) Romero Lugo de la queja de Jelú por hostigamiento sexual, que evidentemente el Municipio desglosó ilegalmente a O'Neill Rosa y filtró a otros empleados que la aislaron. Este quebranto de confidencialidad constituye una acción de represalia... La reclamación local es simplemente no separada e independiente de la demanda federal”, agrega la moción.

Se establece, además, que como las alegaciones articuladas por O'Neill Rosa se originan del mismo núcleo de hechos que la demanda federal de Jelú, el recurso está relacionado y el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre ambas.

La jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón, tiene asignado el caso.

La demanda de Jelú Iravedra sostiene que en julio pasado, sometió una queja formal ante el Municipio y contra la Comisión de Oportunidad de Igualdad en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) en contra de O'Neill Rosa por alegado ambiente hostil en el trabajo, hostigamiento sexual y aislamiento.

La acción civil detalla que O’Neill Rosa supuestamente le hizo invitaciones sexualmente explícitas, le enviaba mensajes de texto y la llamaba, la rozaba de forma no deseada y le hacía acercamientos indebidos desde el 2012, cuando Jelú Iravedra comenzó en su posición. Desde entonces, alega que el hijo del Alcalde de Guaynabo comenzó con contactos físicos lascivos no deseados. Expuso que le dijo que si no le hacía caso a sus avances sexuales, la despedirían por sus influencias en las decisiones de reclutar empleados por parte de su padre.

“La política no escrita del Municipio es que era aceptable para el alcalde Héctor O'Neill García y su hijo O'Neill Rosa sostener relaciones sexuales con empleadas. Las empleadas que sostenían relaciones sexuales con ellos eran tratadas mejor y tenían mejores condiciones de empleo, oportunidades, promociones y beneficios que otras no tenían. De hecho, el alcalde promueve este tipo de conducta al tener relaciones íntimas consensuales con varias subordinadas, y al tratarlas favorablemente y darles mejores condiciones de empleo”, lee la demanda, que agrega que O'Neill Rosa estaba “siguiendo el ejemplo de su padre”.

La demandante señaló que se querelló en varias ocasiones con distintos supervisores, pero que no hicieron nada al respecto.

No fue hasta 2015 que Jelú Iravedra sometió una querella por escrito ante la vicealcaldesa Aurialis Lozada, y alega que inmediatamente comenzó a ser víctima de un ambiente hostil en el trabajo, de amenazas e intimidaciones por parte de su supervisora Ana Quintero.

Alegó que el exsecretario de la Gobernación bajo la administración de Luis Fortuño, Romero Lugo, fue quien investigó la querella que sometió y que emitió un informe el 29 de octubre pasado “hecho a la medida basado en los intereses del alcalde”, según se establece en la demanda.

Se indicó que Romero Lugo, quien es amigo del ejecutivo municipal, no dio credibilidad a la versión de Jelú Iravedra y concluyó que no había base para la querella.

Basado en dicho informe confidencial, O'Neill Rosa demandó a Jelú Iravedra en el Tribunal Municipal de Guaynabo.