El fisiatra Luis Faura Clavell, acusado junto al siquiatra Alfonso Madrid de cometer fraude a una agencia federal, solicitó al juez Daniel Dominguez que reconsidere su pena de 18 meses de cárcel para que le permita cumplir una sentencia fuera de prisión.

Según una moción sometida por su abogado, Luis Rafael Rivera, el doctor Faura Clavell debería ser sentenciado a una condena en probatoria por diversas razones como la edad y situaciones familiares.

El letrado indicó que su cliente tiene 60 años de edad y ha sufrido recientemente el fallecimiento de un hermano, una hija y de su exesposa. Además, planteó que la práctica médica del fisiatra se ha visto destruida por la publicidad que ha recibido este caso.

“El doctor Faura, al combinar sus pérdidas en la familia y la verguenza pública, ha recibido castigo suficiente”, reza la moción.

Otras razones por las que el galeno le pide al juez eximirlo de prisión es que sufre del trastorno de bipolaridad. Argumenta también que no le causó pérdidas al gobierno y que es una figura estimada en la comunidad.

En la moción se argumenta, además, que los hechos por los que Faura Clavell se declara culpable representan una desviación en una conducta hasta entonces intachable en la comunidad.

Los arrestos en este caso se produjeron el 5 de septiembre de 2013, cuando se imputó a los galenos fraude contra la Oficina de Compensación a Trabajadores por Incapacidad Ocupacional (OWCP, por sus siglas en inglés).

Faura Clavell se declaró culpable en verano y fue sentenciado la semana pasada.

La Fiscalía Federal le imputó a Faura Clavell 10 cargos en dos pliegos acusatorios relacionados con tres "pacientes" a los que les hizo diagnósticos falsos y presentó informes médicos fraudulentos al OWCP.

Según las autoridades, Madrid y Faura Clavell recibían entre $150 y $1,000 por cada informe y certificación médica.

Otras 10 personas fueron acusadas en este caso, pero por reclamar dinero al programa OWCP alegando que sufrieron alguna lesión y no podían trabajar, recibiendo 75% de su salario. Eran empleados del Servicio Postal de Estados Unidos y algunos llevaban 10 años recibiendo ese beneficio, por lo que en total se agenciaron $3.5 millones.