El juez federal Gustavo A. Gelpí otorgó al Gobierno de Puerto Rico hasta el 1 de noviembre para responder a la solicitud de los Testigos de Jehová en relación a que se lleve a cabo una vista por supuesto desacato de su parte por no asegurar la entrada de los religiosos a las urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad.

En la orden emitida por Gelpí, se indica que los demandantes deberán proveer copia de su determinación y de la moción presentada por estos al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y a la Oficina de la División Legal del Departamento de Justicia, que tendrá hasta noviembre para contestar.

La semana pasada, los Testigos de Jehová pidieron que se encuentre incurso en desacato al Gobierno por entender que fallaron al no asegurar que la Policía estatal ejecute la orden de auxiliar a los demandantes a la hora de que se les niegue la entrada a las urbanizaciones cerradas.

Solicitaron, además, que se reinstale al Gobierno como parte demandada en este pleito y que se le ordene a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) que cese "inmediatamente" de emitir permisos de construcción para controles de acceso sin guardias.

Tras recordar que el 21 de marzo pasado se ordenó permitirles la entrada a dichas comunidades, indicaron que los agentes policiacos deben asistirlos de ser necesario cuando no se les permita el acceso.

Indicaron que tuvieron una situación en Aguas Buenas, en las que les negaron la entrada a una urbanización y que llamaron a la Policía, pero el agente que llegó a la escena les dijo que no podían forzar que les dejaran entrar. Dijeron que igualmente ocurrió en otra comunidad en Humacao.

"El ELA (Estado Libre Asociado), esencialmente, tomó la posición de que, como ya no es parte en el caso, que no tiene la obligación de hacer nada, aparte de informar a los oficiales de las órdenes del tribunal", lee la moción presentada por los abogados Paul Polidoro y Nora Vargas.

"Es evidente que el ELA no ha hecho absolutamente nada para mostrar que ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las órdenes del tribunal", agrega el escrito, que solicita sean restablecidos como parte en el caso para poder remediar el envolvimiento activo de la Policía.

La petición también incluye que se le ordene a la Policía responder prontamente a toda llamada sobre negación de acceso, que lleguen al lugar y se aseguren que se les permitió la entrada antes de retirarse. Además, indica que el Gobierno deberá informar las urbanizaciones que nieguen el acceso tres veces o más.

La demanda de los Testigos de Jehová data del 2004 e incluye los municipios de San Juan, Guaynabo, Dorado, Caguas, Ponce, Bayamón, Trujillo Alto y Gurabo, y recientemente se incluyeron a Santa Isabel, Vega Baja y Yauco.

En marzo pasado, Gelpí determinó que las calles son públicas, por lo que se les debe permitir la entrada a los religiosos para llevar su mensaje evangelizador a cada hogar. Se ordenó que todas las urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad, debían entregarles dispositivos como "beepers" o códigos de entrada.