La vista de supresión de evidencia en el caso contra el excomisionado de la Policía de San Juan, Hilton Cordero, acusado de actos lascivos y pornografía infantil, fue pospuesta para junio en espera de que el Tribunal de Apelaciones decida si permitirá que la jueza Madeline Vega se siente a declarar.

La defensa de Cordero, compuesta por los abogados Edwin Castro y Mayra López Mulero, presentó el pasado lunes un recurso de certiorari para que el foro apelativo revise la decisión del juez administrador de la región judicial de Carolina, Alberto Pérez Ocasio, de no permitir a la jueza testificar.

Vega fue la magistrada que expidió el 4 de febrero de 2011 una orden de registro y allanamiento mediante la cual se ocupó la computadora del hoy acusado.

El foro apelativo acogió el recurso de la defensa y concedió cinco días al Ministerio Público, a través de la Procuradora General, para presentar su posición en torno al recurso instado por Castro y López Mulero. Sin embargo, no paralizó los procesos que se llevan a cabo en el tribunal inferior.

Durante una vista ante el juez Jorge Toledo Reyna, del Tribunal de Carolina, Castro y la fiscal Alma Méndez solicitaron la posposición de la vista de supresión señalada para hoy, jueves, hasta que el Tribunal de Apelaciones dilucide la petición.

“Entendemos que no abona a la economía procesal… si nosotros comenzamos a ver la vista de supresión hoy”, argumentó Méndez.

Mientras que el licenciado Castro señaló que comenzar la vista colocaría a su cliente en un estado de indefensión, pues considera necesario el testimonio de la jueza Vega.

Finalmente, la vista de supresión fue aplazada para el 11 y 12 de junio.

Tras conversar con la jueza Berthaida Seijo, el juez Toledo Reyna dijo que las partes deberán comparecer comoquiera al tribunal el 21 de mayo, fecha en que está supuesto a comenzar el juicio.

De inmediato, la fiscal y el abogado defensor adelantaron que presentarán una moción conjunta solicitando a la jueza Seijo, quien presidirá el juicio, que se deje sin efecto ese señalamiento.

“Sería un contrasentido y no abonaría a la eficiencia y economía procesal que se mantenga ese señalamiento”, insistió la fiscal.

En entrevista con este medio, Castro puntualizó que la decisión del Apelativo podría afectar todos los procedimientos e insistió que a Cordero le asiste un derecho constitucional de citar a los testigos que crea conveniente para su defensa.

Cordero enfrenta cargos por actos lascivos y pornografía infantil por hechos contra una vecina menor de edad ocurridos en la urbanización Parque Escorial, en Carolina. La víctima tenía entre 12 y 17 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos, entre los años 2002 y 2007.