La Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó al superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, y otros supervisores por hostigar supuestamente al agente Alvin Marrero Méndez por negarse a participar en los rezos que se efectúan en el cuerpo policiaco durante reuniones y eventos oficiales.

En esta demanda civil, que se sometió este viernes en el tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, en la calle Chardón en Hato Rey, se plantea que el policía Marrero Méndez es ateo y no está obligado a participar en círculos de oración.

El abogado William Ramírez Hernández, director ejecutivo de la ACLU, detalló por escrito que la Policía retiró a Marrero Méndez de sus funciones regulares para asignarle tareas de mensajero y el lavado de los vehículos oficiales de la Policía, en ocasiones, bajo el sol candente.

“Las agencias gubernamentales no pueden requerirle a los empleados públicos que participen en oración oficial en su lugar de empleo”, afirmó Ramírez Hernández. “Incurrir en dicha conducta atenta contra uno de los pilares de la Constitución, tanto de los Estados Unidos como del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual exige completa separación de Iglesia y Estado”, agregó.

En la demanda federal, los abogados argumentan que la práctica de incorporar una oración religiosa en las reuniones y otras funciones oficiales de la Policía constituye una violación a la prohibición constitucional sobre separación de Iglesia y Estado que exige las constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

También plantean que la práctica de castigar a Marrero Méndez, quien ingresó a la Policía en el 1999, por negarse a participar de estas oraciones constituye violaciones federales y a las leyes de Puerto Rico.

“El demandante es un ateo abierto y, por ello, que no se suscribe a la fe cristiana o a otra doctrina religiosa”, reza la demanda de 13 páginas.

“El demandante está profundamente ofendido y se opone a las prácticas religiosas oficiales de los demandados porque éstas promueven creencias religiosas con las que no está de acuerdo. Adicionalmente, el Demandante objeta estas prácticas porque son religiosamente coercitivas y lo presionan para que participen en la oración y la adoración”, agrega el documento de demanda.

Los abogados piden al tribunal una orden en contra los supervisores de Marrero Méndez para que cesen en el trato discriminatorio en su contra por profesar sus creencias, que incluye el derecho a no practicar una fe.

Solicitan, además, una orden para que se detenga esa oración oficial en la Policía, así como el pago de daños y de los honorarios de abogados.

“Los empleados del gobierno nunca deben ser obligados a participar en oración con su patrono”, señaló Dan Mach, director del Programa sobre Derechos Religiosos y de Fe de la ACLU.

“La Policía debería estar salvaguardando los derechos constitucionales, no pisoteándolos”, añadió.