La jueza superior Agnes Oriola Collado le determinó este viernes causa para juicio al policía auxiliar, Marcus Arroyo Marrero, a quien se imputa matar a una joven de 23 años durante una intervención de tránsito en el barrio Cedro Arriba, en Naranjito.

“Después de escuchar los argumentos de las partes y examinada toda la prueba testifical, documental y pericial, encontramos que existe causa probable en los delitos imputados”, dijo la jueza al concluir esta tarde la vista preliminar en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Contra Arroyo Marrero pesa un cargo de asesinato en segundo grado y dos infracciones a la Ley de Armas.

Según la prueba que presentaron los fiscales Gustavo Vélez y Enrique Rivera Mendoza, la joven Carla Michelle Avilés Rosado murió a consecuencia de un disparo a distancia que le penetró por la parte de atrás de oreja izquierda, y que fue detonado por el arma que portaba Arroyo Marrero la madrugada de los hechos, el 23 de junio de 2013.

De la prueba surgió que durante la intervención, en la que participaron varios policías, también disparó otro agente, pero el análisis de balística arrojó que el proyectil que le causó la muerte a Carla Michelle provino de la pistola Glock que portaba el acusado.

 La víctima viajaba en la parte trasera de una guagua Toyota Four Runner, en la que viajaban los hermanos Félix y Felipe Marrrero Zayas, quienes fueron detenidos por los policías porque supuestamente viajaban sin cinturón de seguridad.

Según los testimonios previos, los jóvenes se rehusaron a mostrar sus documentos y se fueron a la huida.

El juicio quedó señalado para el 18 de agosto próximo.

Los padres de Carla Michelle, quiénes se encontraban en la sala se mostraron satisfechos con el fallo de la jueza.

"Exijo justicia para mi hija y seguiremos hasta lo último", dijo Claribel Rosado Sánchez, madre de la joven fallecida. Su padre, Rafael Avilés, indicó que en la vista preliminar "se probó que Carla Michelle fue asesinada, vil y cobardemente, sin motivo ninguno y también se va a probar en el juicio".

"No tengo comentarios", fue lo único que dijo el acusado cuando salía del tribunal acompañado de sus abogados Carlos López Cherena y Brenda Cruz Quiñones. Al momento de ocurrir los hechos, estaba retirado y laboraba como voluntario en la Policía.

En sus argumentaciones finales el fiscal Vélez dijo que la prueba del Estado estableció que el acusado supuestamente disparó en línea recta cuando el vehículo está huyendo y es la detonación que le causa la muerte a la occisa. El fiscal sostuvo que el análisis químico determinó que en el interior del vehículo no había residuos de disparos.

Uno de los abogados defensores argumentó que cuando los policias detuvieron a los jóvenes, uno de los varones supuestamente sacó un arma y el agente que les dio el alto "gritó tienen un arma y pidió 'cover' (protección)".

En la vista preliminar declararon dos policías, una joven residente de Barranquitas, dos investigadores forenses y el investigador del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor Reyes Guzmán, de la sección de Derechos Civiles.