La Policía investiga un total de 108 querellas radicadas contra sus agentes por mal uso o abuso de su autoridad y mal uso o pérdida del arma de reglamento en lo que va de año, según una estadística de la uniformada discutida esta mañana en una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social.

Según el documento, provisto por la uniformada, de las 108 querellas, 66 corresponden al mal uso o abuso de autoridad, mientras que 42 son por mal uso o pérdida del arma de reglamento.

Las querellas sometidas este año relacionadas a la autoridad de los agentes se desglosan así: 13 por arrestos o detenciones ilegales o irrazonables; 17 por registros, allanamientos e incautaciones ilegales o irrazonables; 22 por acometimientos y/o agresiones injustificadas o excesivas; cuatro por discrimen por política, religión, condición socioeconómica, género, nacionalidad, raza u otros; cinco por presunción maliciosa; tres por calumnia, libelo o difamación, y dos por utilizar evidencia falsa que vincule a una persona con delito.

En el 2012, el total de querellas (sobre autoridad y armas) ascendió a 389, en el 2011 a 494, y el 2010 a 398.

"Hemos enfrentado momentos complejos, difíciles, por el comportamiento de ciertos agentes del orden público, que en vez de hacer cumplir las máximas de seguridad aludidas, han mancillado el buen nombre de esta institución", expresó el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, en la ponencia que sometió ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación y Economía Social en torno al Proyecto del Senado 19.

"A los mismos no los consideramos policías porque el que actúa en contra lo establecido en nuestra Constitución y de nuestra ley orgánica, no merece llevar tan honrosa posición", agregó el jefe de la uniformada.

El Proyecto del Senado 19 propone crear un panel de ciudadanos para que supervise y vele que los integrantes de la Policía cumplan con su responsabilidad de observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano.

El superintendente de la Policía indicó en su ponencia que no apoya la creación de este panel debido a que ya existen organismos independientes que se encargan de fiscalizar y analizar las adjudicaciones de querellas contra agentes. "Si la intención legislativa es propender a la existencia de un foro imparcial que analice las adjudicaciones de querellas relativas a violación de derechos civiles, debemos precisar que para ello existe la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)", indicó Pesquera.

"La misma fue creada por virtud de la Ley 32 del 22 de mayo de 1972, con el fin de establecer un foro exclusivo para apelar todos aquellos casos en que se haya imputado mal uso o abuso de autoridad a cualquier funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado a efectuar arrestos", agregó.

El líder policial indicó que además de la CIPA, la Comisión de Derechos Civiles y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) también tienen la capacidad para investigar querellas contra agentes de la Policía.

 Asimismo, señaló que crear otro organismo con esa misma facultad podría afectar la agilidad de los procesos administrativos de la uniformada y podría atentar contra el debido proceso de ley que hay que garantizarles a los miembros de la Policía.

Por su parte, la directora ejecutiva interina de la Comisión de Derechos Civiles, Rosa Rodríguez, indicó que la creación de un panel de ciudadanos que evalúe las querellas y el proceso para atenderlas, mejoraría "las prácticas de investigación y conducta de la Policía", y facilitaría la radicación de querellas por parte de los ciudadanos al evitar el miedo a represalias.

La licenciada indicó que la creación de este panel no afectaría le proceso investigativos de querellas de la Superintendencia Auxiliar de Ética Profesional de la Policía. "El panel que esta medida propone tiene una función de supervisar y velar que la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional cumpla cabalmente su responsabilidad de procesar las querellas recibidas en contra de los miembros de la Policía, así velando que se asegura la adecuada fiscalización de los derechos civiles de los ciudadanos por parte de los agentes del orden público", indicó Rodríguez en su ponencia.

"Pero la Policía continuaría siendo la encargada de investigar y adjudicar las querellas de los ciudadanos contra los oficiales, la función revisora del panel sirve para ayudar a darle transparencia al proceso", agregó la letrada.

La Policía de Puerto Rico ha sido blanco de investigaciones, informes y críticas de agencias federales y organismos internacionales por la gran cantidad de casos de violaciones de derechos humanos y civiles.

Querellas contra agentes de la Policía

2013

66 por mal uso o abuso de autoridad

42 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

108 en total

2012

234 por mal uso o abuso de autoridad

155 mal uso o pérdida del arma de reglamento

389 en total

2011

344 por mal uso o abuso de autoridad

150 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

494 en total

2010

295 por mal uso o abuso de autoridad

103 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

398 en total

2009

348 por mal uso o abuso de autoridad

91 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

439 en total

2008

575 por mal uso o abuso de autoridad

96 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

71 en total

2007

664 por mal uso o abuso de autoridad

96 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

760 en total

2006

603 por mal uso o abuso de autoridad

94 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

697 en total

2005

704 por mal uso o abuso de autoridad

107 por mal uso o pérdida del arma de reglamento

811 en total

Fuente: Policía de Puerto Rico