Un acuerdo anunciado esta tarde entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Policía permitirá que víctimas de violencia doméstica que acudan a las autoridades contar con un profesional adicional que las orientará sobre lo que enfrentará en el difícil proceso de querellarse por ser víctima de violencia de género.

Trece trabajadoras sociales, una por área policiaca, serán contratados gracias a una asignación de $864,000 de fondos federales que recibirá la OPM por los próximos tres años, según se anunció hoy en conferencia de prensa celebrada en el Cuartel General.

“Cada división especializada de violencia doméstica contará con una trabajadora social para apoyo y trabajo en coordinación… para darle más servicios a las víctimas”, dijo el superintendente de la Policía, José Caldero.

“Los funcionarios, junto a los agentes, recibirán a las víctimas con la sensibilidad y el compromiso que requiere ese primer contacto con el sistema de justicia”, agregó.

Mientras, la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, indicó que si bien los agentes asignados a las divisiones de Violencia Doméstica en la Policía están entrenados para trabajar este tipo de casos, los trabajadores sociales –adiestrados por la OPM en temas como manejo de casos, proceso judiciales aspectos psicosociales y agresión sexual- cumplirán con el rol de preparar al querellante para el proceso. Según la exfiscal, este es uno de los pasos más importantes tomados por el Gobierno desde que se creara la Ley de Violencia Doméstica en 1989.

“Siempre hay unos elementos sicosociales que son determinantes. Esa trabajadora social les puede decir a qué se van a enfrentar: que la van a llamar (para que desista de continuar con el caso), que le van a ofrecer villas y castillas”, dijo Vázquez. “El aspecto sicosocial es la especialidad de estos funcionarios”.

Vázquez explicó que son comunes las advertencias que reciben las y los querellantes en casos de violencia doméstica sobre las consecuencias de acudir a las autoridades, que van desde presiones familiares y económicas hasta la propia realidad del sistema judicial del país “que las va a ir empujando hasta desistir de los casos”.

“Y sin víctimas no podemos ver los casos”, agregó al indicar que, a su juicio, la intervención de las trabajadoras sociales redundará en que se reduzca la cantidad de casos que no prosperan en los tribunales debido a la falta de interés de la querellante.

Por su parte, Caldero y la teniente Aymée Alvarado, coordinadora a nivel isla de las oficinas de Violencia Doméstica de la Policía, explicaron que las trabajadoras sociales trabajarán según sea la necesidad específica de cada área policiaca. El jefe policiaco destacó que las divisiones de Violencia Doméstica comenzarán a trabajar con nuevas patrullas no rotuladas que facilitarán el trabajo y les ofrecerán a las víctimas cierto grado de confidencialidad en la investigación.