Los 16 miembros de la Policía de Puerto Rico que fueron arrestados en mayo durante el operativo denominado "Cantazo Azul" hicieron alegación de culpabilidad por sus respectivos roles dentro de la organización criminal que operaban y que cometía actos de robo, extorsión, venta de sustancias controladas y manipulación de expedientes a cambio de sobornos.

Serán sentenciados a nivel federal en diciembre ante el juez federal Daniel Domínguez. Según los acuerdos a los que llegaron con la fiscalía federal, las penas recomendadas son de entre cinco a siete años de prisión.

Trece de los exuniformados se declararon culpables por conspiración para violar la Ley RICO, de crimen organizado, que son: Osvaldo Vázquez Ruiz, de 38 años; Orlando Sierra Pereira, de 37; Danny Nieves Rivera, de 35; Roberto Ortiz Cintrón, de 35; Yovanny Crespo Candelaria, de 34; José Sánchez Santiago, de 32; Miguel Pérez Rivera, de 35; Nadab Arroyo Rosa, de 33; José Flores Villalongo, de 52; Luis Suárez Sánchez, de 36; Eduardo Montañez Pérez, de 29; Carlos Laureano Cruz, de 40; y Carlos Candelario Santiago, de 47.

Otros tres acusados, Rubén Casiano Pietri, de 36; Christian Valles Collazo, de 28; y Ricardo Rivera Rodríguez, de 39 años, hicieron alegación de culpabilidad por cargos de robo y extorsión.

 Varios de los acusados también se declararon culpables por cargos de armas en la comisión del crimen.

Flores Villalongo y Candelario Santiago eran sargentos, y los demás eran agentes adscritos a la División de Drogas de San Juan.

El procurador general del Departamento de Justicia federal, Leslie R. Caldwell, lamentó que oficiales del orden público no hicieran su labor de combatir el crimen y proteger vidas y propiedades.

"Usaron sus placas y armas para hacer lo contrario, cometer crímenes, poner en riesgo vidas y robar propiedad bajo el velo de la autoridad. Estas acusaciones demuestran el compromiso del Departamento de Justicia federal de procesar a los criminales, incluyendo aquellos que usan placas", indicó Caldwell en comunicado de prensa en el que hizo el anuncio junto con la jefa de fiscalía federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, y el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases.

Según la acusación, los cargos fueron por hechos ocurridos en 17 operaciones separadas entre mayo de 2011 y abril de 2013. Se alega que los acusados participaron en actividades delictivas, como entrar ilegalmente -con órdenes de allanamiento falsas o sin órdenes- a propiedades para robar droga y dinero. Además, llevaron a cabo detenciones ilegales de vehículos y robaron sustancias controladas, que luego vendían. También pidieron dinero a cambio de la liberación de personas que habían sido detenidas y plantaron evidencia con el fin de arrestar a sujetos falsamente.

Además, no comparecían a los tribunales para que se cayeran los casos, esperando pagos de soborno a cambio, y mintieron en casos criminales ante autoridades estatales y federales. Las víctimas de esta "empresa criminal" son sospechosos de cometer delitos, en su mayoría traficantes de drogas.

Dos de los acusados, Sánchez Santiago y Suárez Sánchez, fueron arrestados también a nivel estatal junto a otros16 oficiales por allanamiento ilegal y daños a la propiedad de la transexual Ivana Fred en hechos ocurridos el 15 de mayo de 2012, pero no se encontró causa para juicio contra ellos en marzo de 2013.

Entre los ejemplos de actos que cometieron, resalta cuando en abril de 2012, Vázquez Ruiz y Sierra Pereira detuvieron a un auto y robaron $22 mil de lo que pensaban eran ganancias de venta de drogas. Vázquez Ruiz luego intentó extorsionar por $8 mil a un individuo al que entendía era cómplice de un narcotraficante a cambio de la liberación de un prisionero.

En noviembre de 2012, Sierra Pereira, Nieves Rivera, Ortiz Cintrón y Valles Collazo entraron de manera ilegal a un apartamento y robaron $30 mil que entendían eran de ganancias de venta de lotería ilegal.

El caso fue investigado por el FBI y procesado por los fiscales de la División Criminal Brian K. Kidd, Emily Rae Woods y Menaka Kalaskar, además de la fiscal Mariana Bauzá del distrito de Puerto Rico.