La avenida Roosevelt, en dirección hacia Puerto Nuevo, fue paralizada a media mañana de este martes por una docena de policías retirados bajo la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, conocida como la Ley 70, que denuncian frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, que el Gobierno no les ha pagado el dinero de su liquidación, situación que supuestamente les ha afectado su calidad de vida y la de su familia.

Luego de media hora de cerrar el tramo de Hato Rey a Puerto Nuevo y poco antes de las 12:00 p.m., un carril fue reabierto al tránsito. Sin embargo, conductores comentaban en las redes sociales que el tránsito en la zona estaba imposible.

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El tránsito fue cerrado por la Policía, luego de que los manifestantes ocuparan los tres carriles de la avenida Roosevelt debido a que nadie de la administración de la agencia se ha acercado para dialogar con ellos.

 Pero el cierre del tránsito no fue el único incidente reportado en la manifestación. El portavoz del grupo, que no está afiliado a ninguna de los gremios de policías, Carlos Jiménez Ramos, se esposó al portón de entrada frente a la avenida Roosevelt para llamar la atención a sus reclamos. Según aseguró, solo han escuchado excusas durante los pasados años para incumplirles con el pago, a pesar de que se les ofreció el dinero como incentivo si se acogían al retiro temprano.

 Jiménez Ramos afirmó que en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y en el Capitolio les aseguran que el dinero para pagarles la deuda fue asignado al presupuesto de la Policía. No obstante, en la Oficina de Nóminas de la Uniformada se les informa que no hay fondos.

De acuerdo con el portavoz de los manifestantes, la Ley 70, en su artículo 6, inciso A, establece que el dinero de la liquidación final por concepto de licencias por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude la agencia le será pagada en un período no mayor de 90 días a partir de la fecha en la que gestionó la documentación requerida.

“Llevamos alrededor de dos años sin ver acción del Gobierno y entendemos que nos timaron con dicha ley… En el caso mío, yo no cojo pensión. Yo ingresé en la Policía en el año 2000 y me retiré en el 2013 y lo que cojo es la liquidación. Y ni eso me han dado. Siempre hay excusas. A veces no nos quieren atender, otras veces nos dicen que no hay dinero, que hay que ir unos días específicos a preguntar y tampoco nos quieren atender. Nos tratan como criminales”, puntualizó Jiménez Ramos.

El grupo contempla acudir a la Oficina de Ética Gubernamental para presentar una querella y advierte que continuará en escalada hasta proseguir a los foros federales.

“Nos tienen condenados. Les estamos exigiendo que sean humanos, que cumplan con la Ley. Nosotros, con honor y honra, le cumplimos al pueblo de Puerto Rico. Sabemos que muchos jefes se hacen de la vista larga, porque ellos sí cobraron su dinero de la liquidación y se quedaron calladitos”, sostuvo el portavoz, al denunciar que conoce de casos de coroneles que luego de cobrar el dinero retiraron su solicitud para retirarse de la agencia.

Los manifestantes indicaron que tienen conocimiento que cuando entró en vigencia la Ley, hasta el mes de diciembre del año pasado se estuvieron pagando las liquidaciones.

“Es timo y estafa la Ley 70 con nosotros. En realidad nos sentimos que nos timaron, porque hicimos unos planes basado en el tiempo que nos iban a pagar el dinero y nada”, agregó Jiménez Ramos.

 En su caso, explicó que tiene dos niños con problemas de salud y se verá en la obligación de viajar a fin de año a los Estados Unidos para que puedan recibir un tratamiento médico adecuado. Tuvo que matricular a sus hijos en la escuela pública y operar un carrito de perros calientes para poder sobrevivir económicamente.

Hamilton Ortiz, por su parte, dijo que lleva 595 días esperando por el pago para poder establecer un negocio. Recordó que muchos agentes se han tenido que acoger a la quiebra y han hasta perdido sus residencias por atrasos en el pago de la hipoteca.

Roberto Reyes, por su lado, lleva tres años retirado de la agencia tras laborar 31 años en la Uniformada y no le han pagado ningún dinero.

 “La Policía es la madre que no quiere a sus hijos”, exclamó.

 “Yo tuve que hacer un ‘part time’ de seguridad y tenía un quinceañero que lo logré gracias a mi familia. Entonces, se me atrasó la casa, se me atrasó el carro y me llaman todos los días, pero no los puedo pagar, no hay chavos para eso. Se me dañó el crédito”, manifestó molesto Benjamín Sierra González.

 La Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento se creó a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles pudieran retirarse o separarse voluntariamente de su empleo en el Gobierno de Puerto Rico a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios.

 “Otro Superintendente más que promete y no cumple. Señor Caldero: necesitamos que nos paguen nuestro dinero. Si el problema no es de esta agencia, pues tírelo al medio para que nosotros podamos ir a reclamar. No queremos pensar que esto es un plan político para no cumplir con la ley”, agregó Jiménez Ramos.