Los municipios de Ponce y de Trujillo Alto solicitaron que se desestimaran las multas impuestas por tardar en cumplir con la orden del juez federal Gustavo A. Gelpí de proveer dispositivos de las urbanizaciones con control de acceso sin guardias a los Testigos de Jehová.

El juez accedió bajar la multa de Trujillo Alto de $4,800 a $2,500, pero no concedió la petición al municipio de Ponce.

En el caso de Trujillo Alto, el Municipio alegó que el 13 de mayo cumplieron con la orden efectiva el 17 de abril, por lo que son menos días a los establecidos por la corte, y que lo único que faltaba era entregar la escritura de la comunidad Cima de Villa, pero que fueron ellos los que tardaron en entregarla.

Gelpí concedió reducir la sanción, pero recalcó que la escritura "es un documentos público, por lo que es incorrecto decir que estaba bajo el control exclusivo de Cima de Villa y no se atenderá ningún argumento al respecto en el futuro".

Por su parte, Ponce indicó que no debería ser responsable por la inacción de las urbanizaciones que se negaron a entregar los códigos de acceso o "beepers" u otros dispositivos para garantizar el acceso de los religiosos.

"El Municipio de Ponce encaró fuerte oposición por parte de varias urbanizaciones con control de acceso sin guardias para producir los dispositivos de acceso demandado por la corte. El Municipio de Ponce fue hasta el extremo movilizando a agentes de la Policía para que finalmente proveyeran los artefactos de acceso porque se opusieron a la orden de la corte", señala la moción de Ponce.

El juez contestó que no es una excusa válida que las urbanizaciones no le hicieran caso y le recomendó usar recursos legales para que las comunidades que se opusieron paguen al Municipio la totalidad de la sanción, que suma $14,100 por cumplir 116 días más tarde, basado en $100 diarios.

A finales de octubre pasado, Gelpí impuso multas a varios de los municipios demandados en este pleito, como Ponce, Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón y Gurabo. Recordó que el 21 de marzo pasado, decidió que los Testigos de Jehová tienen derecho a poder entrar a las comunidades para poder llevar su mensaje evangelizador dado a que las carreteras son públicas, y que debían proveer dispositivos de entrada o códigos para poder entrar.

Recalcó que de no cumplir con la orden, se exponían a una multa de $100 diarios.

"Los demandantes sometieron una moción para que se impongan las multas a los municipios de Bayamón, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Ponce y Trujillo Alto. Algunos municipios que enfrentan sancions alegaron que actuaron de buena fe o que no pudieron cumplir a tiempo con la orden, por lo que no deben ser sancionados. La corte no encuentra mérito en esos argumentos", planteó Gelpí en octubre, y no encontró incumplimiento por parte de los municipios de San Juan y Caguas.

Las sanción impuesta a Bayamón fue de $1,900; Dorado, $1,400; Guaynabo, $8,800; Gurabo, $1,400; Trujillo Alto, $4,800; y Ponce, $11,600.

Los municipios deberán depositar la cantidad de la multa en una cuenta como garantía, según dictaba la orden.

La demanda federal de los Testigos de Jehová reclamando acceso a las comunidades cerradas que no cuentan con guardias de seguridad se remonta al 2004. Recientemente, se incluyeron en el pleito los municipios de Santa Isabel, Vega Baja y Yauco como codemandados.