El magistrado federal Bruce McGiverin informará próximamente por escrito su dictamen sobre si le concede o no la fianza al exteniente de la Policía Sergio Calderón Marrero, acusado a nivel federal por un esquema de fraude para la obtención de licencias de portación de armas en conjunto con los dueños de la armería The Lawman Gunshop y el abogado notario Antonio Peluzzo Perotín.

Por lo pronto, el teniente jubilado continurá detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, donde se encuentra desde su arresto el lunes pasado.

El exjefe de la División de Arrestos y Allanamientos de la Policía de Puerto Rico, región de Bayamón, compareció esta mañana ante el magistrado federal para la vista de fianza. En la misma, sus abogados Federico Ducoudray y Francisco Acevedo plantearon que su representado es un policía condecorado que se retiró luego de 34 años de servicio. Indicaron que tiene lazos con la comunidad y que conocía de la investigación, y aun así no escapó y se mantuvo en comunicación con las autoridades.

El fiscal Luke Cass planteó, por su parte, que el imputado viajaba frecuentemente a la República Dominicana y tiene un hijo en Florida.

McGiverin se reservó el fallo.

Mientras, el juez que presidirá el caso, Francisco A. Besosa, estableció el calendario del caso, pautando la fecha de juicio para el 23 de febrero de 2015. Si Calderón Marrero decide hacer alegación de culpabilidad, tendría que hacerlo no más tarde del 13 de febrero. Mientras, el 16 de enero habrá una conferencia de estatus.

El teniente jubilado se entregó el lunes pasado, luego de que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) fueran a arrestarlo en su residencia en la urbanización Versalles, en Bayamón, y no lo encontraran.

Un gran jurado emitió un pliego acusatorio en su contra por 17 cargos por conspiración para cometer fraude de identidad, producción ilegal de documentos de identificación, robo de identidad agravado, tentativa de intervención con testigos y tentativa de obstrucción a la justicia.

Según la pesquisa, Calderón Marrero obtenía certificados falsificados de cursos de uso y manejo de armas de fuego, mediante firmas falsificadas de clientes y usaba el sello notarial de un abogado ya fallecido para obtener las licencias de portación de armas para sus clientes. Se alega que entre enero de 2012 hasta el 18 de febrero de 2014, Calderón Marrero conspiró con otros para obtener las licencias ilegalmente.

El expolicía supuestamente cobraba a los clientes por sus servicios y luego emitía documentos falsificados a las autoridades, usando identificaciones de otras personas, con la firma falsificada del superintendente de la Policía y el sello notarial del abogado fallecido, detalla el pliego acusatorio.

El propósito de la conspiración, se informó, era obtener licencias de portación de armas de fuego falsificadas para su ganancia personal. Se estima que se apropió de aproximadamente $105,000.

De ser encontrado culpable, el expolicía enfrentaría hasta 15 años de cárcel por la producción ilegal de documentos, 15 años por conspiración para cometer fraude de identidad, y hasta 20 años por intentar intervenir con un testigo.

El 13 de noviembre pasado los agentes del FBI allanaron la residencia del policía retirado.

El primer arresto relacionado a este caso fue el de Peluzzo Perotín hace un año, quien el 16 de septiembre pasado se declaró culpable por actuar en concierto y común acuerdo con otros para falsificar documentos y emitir permisos de portación de armas a través de la armería propiedad del matrimonio María del Carmen Rivera Negrón y Julio Colón Santiago, quienes también hicieron alegación de culpabilidad y están en espera de ser sentenciados en enero.

Peluzzo Perotín, de 43 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable por uno de los 500 cargos que pesaban en su contra y una pena de prisión recomendada de 15 años. La lectura de sentencia ante el juez Besosa fue pautada para el 22 de enero de 2015.

El abogado notario era uno de los líderes del esquema y actuó con los dueños de la armería, usando computadoras, sellos y falsificando firmas de jueces estatales para vender certificados fraudulentos de permisos de armas sin pasar por el debido proceso de ley y quedándose con el dinero, según trascendió de la investigación federal.

Cuando el matrimonio fue detenido en marzo pasado, se informó que tenían contactos en la Comandancia de la Policía en Bayamón, donde supuestamente les llevaban café, donas y pitorro a cambio de su ayuda.

Se alega que Peluzzo Perotín cobraba entre $1,000 y $1,500 para conseguir permisos de portación de armas, lo que hizo falsificando firmas de jueces y mandó a hacer un sello del tribunal en una tienda que vende artículos de oficina. De forma expedita y sin tener que ir a vistas con testigos de buena reputación, emitía las licencias de portación. Se estima que se apropió de $1.8 millones.

Por su parte, el matrimonio fue arrestado en marzo pasado por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fraudulentas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas, cobrando entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud, con la asistencia de Peluzzo Perotín.