Al menos dos de los acusados por un caso de fraude detectado en el Centro Servicios al Conductor (Cesco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) intentan negociar acuerdos de culpabilidad, según trascendió hoy, jueves, en el Centro Judicial de Carolina.

Mientras, la vista preliminar contra José Díaz Reyes e Irma N. Santos Meléndez, una empleada del Cesco que se desmayó al momento de ser arrestada en marzo pasado, en relación a este caso, fue reseñalada para el 29 de mayo.

El fiscal Francisco Viera, de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, dijo al juez César Almodóvar que para Díaz Reyes se pedía la posposición por estipulación con la abogada de defensa, Rocío Revelles, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

 Mientras, sobre el caso de Santos Meléndez expresó que había "una información" que tenían que corroborar.

¿Hay posibilidades de conseguir un preacuerdo?, le preguntó el juez Almodóvar al fiscal Viera. "En el caso de José diría que (hay) un 95% de probabilidad", respondió.

 En cuanto a Santos Melendez, el representante del Ministerio Público no precisó en sala la información que se desea corroborar.

El fiscal, quien estaba acompañado por el agente asignado al caso Héctor Fernández, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), dijo fuera de sala que la defensa de Díaz Reyes le hizo un planteamiento de derecho que él consultará con sus supervisores en relación a un posible reclasificación de los cargos.

Sobre Santos Meléndez, dijo que no ha habido acercamiento por parte de la defensa, pero también planteó que "en todo caso criminal hay esa posibilidad".

Santos Meléndez declinó hablar a la prensa al comparecer temprano a corte. "Estamos en conversaciones para eso. Tratamos de hacer nuestra mejor defensa", dijo, por su parte, la abogada Amarilys Guerra Oquendo, quien representa a la empleada del Cesco de Carolina. Agregó que los cargos contra su cliente son violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

 Los arrestos en relación a este caso de fraude se llevaron a cabo en Arecibo, Carolina y Ponce el pasado 4 de marzo. Santos Meléndez y Díaz Reyes fueron dos de 10 imputados de soborno, así como de violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y a la Ley de Ética Gubernamental.

 Según las autoridades, el grupo está implicado en un esquema para eliminar multas a tablillas de vehículos de motor y de licencias de conducir a cambio de dinero y que fue desarrollado por los acusados.

El fiscal declinó comentar si la investigación de este caso continúa.