El Ministerio Público y el abogado de la propietaria de la compañía Welcome USA, Lilliam Álvarez de Toledo, acusada de timar a decenas inmigrantes en la Isla, se reunirán este mes para discutir la posibilidad de alcanzar un acuerdo, que ponga punto final al proceso judicial.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos ante el juez Julio de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón, el licenciado Ludwig Ortiz Belaval informó hoy su intención de reunirse con el fiscal de Distrito, José Virella Santana, y las fiscales del caso Arlene Gardón Rivera, Begoña de Jesús Meléndez, María del Mar Ortiz Rivera y Lorna Colón Rivera.

Sentada en la primera fila, Lilliam Álvarez de Toledo observaba el proceso y tomada notas en el expediente que apoyaba en su andador de ruedas.

Álvarez de Toledo enfrenta 64 cargos de fraude y apropiación ilegal agravada por supuestamente cobrar a 32 víctimas, mayormente dominicanos, por trámites para visados de viaje y de trabajo, que no realizó.

La mujer timó unos $37,000 a dichas víctimas, según cálculos del Ministerio Público.

Ante el escenario de un acuerdo, el magistrado concedió un turno posterior al caso para que se hicieran gestiones para contactar al fiscal Virella Santana.

Poco después el fiscal, vestido con un traje gris y una corbata color naranja, arribó a la sala para acordar una fecha para la conversación.

Convenida la fecha, el juez de la Rosa Rivé volvió a llamar el caso y la fiscal Gardón Rivera informó que la reunión se celebrará el próximo 27 de marzo y que durante el día de hoy se completará el descubrimiento de prueba.

Así las cosas, el juez señaló una vista con antelación al juicio para el 2 de abril. Ese día las partes deberán informar si alcanzaron un acuerdo.

De la Rosa Rivé también pautó el inicio del juicio para el 23 de abril "en caso de que las comunicaciones no rindan fruto".

A su salida de sala, las fiscales y el licenciado Ortiz Belaval se mostraron optimistas con la posibilidad de pactar un acuerdo.

"Siempre se puede alcanzar un acuerdo", apuntó el abogado defensor.

Ortiz Belaval asumió la representación legal de la mujer luego que el Tribunal Supremo suspendió a su abogado, Antonio Arraíza, por tres meses por conducta impropia.

En señalamientos previos, Arraíza insistió en la inocencia de su representada, quien aseguró era víctima de manejos turbios dentro de su oficina.