El grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente amenazó hoy, jueves, con iniciar actos de desobediencia civil para exigir el cierre del polígono de tiro que la Policía opera en Isla de Cabras, así como el área de almacenamiento de explosivos en ese lugar.

Durante una manifestación frente al Cuartel General de la Policía, miembros de la organización comunitaria plantearon que esas instalaciones deben clausurarse debido a falta de controles de seguridad y a un alto grado de contaminación en el sitio.

 “Los vamos a hacer lo más pronto posible, pero los vamos a anunciar con una semana de anticipación. Los actos de desobediencia civil no tienen que ser solamente de sorpresa”, sostuvo Juan Camacho Moreno, portavoz del grupo.

“Nosotros vamos a anunciarlo porque eso es un lugar público. A lo mejor sería el primer acto de desobediencia civil al cuerpo de la Policía, pero es importante porque es la Policía la que tiene que hacer cumplir las leyes”, puntualizó.

El líder comunitario indicó que hace varios meses se presentó una querella ante la Junta de Calidad Ambiental, pero todavía no han recibido respuesta de la entidad estatal responsable de combatir la contaminación.

Indicó que el superintendente de la Policía, José L. Caldero López, no ha hecho públicos los resultados de un estudio sobre contaminación del lugar, realizado por una compañía privada que se contrató a esos fines. 

Mientras, precisó que se reunió con el Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, para plantearle los problemas de salud y seguridad que consideran ha provocado el polígono, en operaciones hace décadas. 

“Nos han mentido los representantes oficiales de la Policía, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales, la Compañía de Parques Nacionales, del Departamento de Recreación y Deportes y la Asesora de Seguridad de la Fortaleza”, opinó Camacho Moreno, después de hacer un recuento de las gestiones realizadas para que se atiendan las querellas del grupo, preocupado de que ocurra una tragedia, ya que se está operando un polígono en un área recreativa.

Aunque la Policía alegó el año pasado que la presencia de plomo en el lugar es “minima”, Camacho Moreno subrayó que el polígono está “totalmente contaminado” y destacó que en el área se mantienen almacenes de explosivos y sostuvo que “esas sustancias se esparcen hacia el mar”. 

A su vez, alegó que hay seis instructores de tiro cuya salud se ha afectado por la contaminación con plomo y todos fueron referidos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para que reciban tratamiento médico.

 “Hace algunos meses OSHA (la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) sacó del lugar seis personas que trabajan en ese polígono porque estaban contaminados con plomos y están recibiendo tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado. Asimismo, en el 2004 hubo una denuncia de la Compañía de Parques Nacionales en términos de la contaminación del lugar”, agregó Camacho Moreno. 

Recordó que el entonces director de esa agencia, Samuel González, acudió a los tribunales para reclamar el pago de $1 millón por los daños ecológicos causados por la contaminación. 

Agregó que la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por su sigla en inglés) ha intervenido en dicho polígono en los años 1997, 1999, 2004 y el 2009, por la contaminación en el área, agregó Camacho. 

Asimismo, el líder comunitario denunció que el polígono es administrado de manera irregular, sin los permisos y los controles requeridos por las leyes estatales y federales. 

El grupo hizo las mismas denuncias frente al Cuartel General en noviembre del año pasado.