La Fiscalía y la defensa de Ricardo Alfonso Di Cristina Rexach, acusado de asesinar a un joven adulto misionero a inicios de este año en Río Grande, mantienen viva la posibilidad de lograr un preacuerdo que evite la celebración del juicio, pautado para el 13 de mayo próximo.

Durante una conferencia sobre el estado de los procedimientos celebrada en el Tribunal de Fajardo, salieron a relucir las negociaciones entre ambas partes.

La jueza María Cartagena Colón concedió al abogado de defensa, Luis Lugo Emanuelli, una oportunidad este viernes para reunirse con su cliente en el tribunal y discutir la oferta, de la cual no se ofrecieron detalles.

Mientras que, según se indicó, el Ministerio Público, representado en este caso por los fiscales Félix Sánchez y Rodolfo Ocasio, está en el proceso de completar un “trámite” en el Departamento de Justicia y dialogar con los familiares de la víctima, Julio Enrique López Castro.

“En este momento estamos dialogando todavía (con la defensa). Pero vamos a hablar con sus familiares (de López Castro). Siempre lo hacemos y en esta ocasión no va a ser la excepción”, dijo el fiscal Sánchez cuando se le preguntó, a la salida de sala, si el aval de los parientes es necesario para que se concrete el preacuerdo.

Según la pesquisa policial, el pasado 5 de enero, dos hombres entraron al establecimiento comercial Boost Mobile en Río Grande, y anunciaron un asalto, sin máscaras y armados con una pistola de salva.

López Castro, de 20 años y quien se encontraba solo en la tienda en ese momento, fue atado con cables y arrodillado.

Las autoridades consideran que el ahora acusado, de 22 años, sabía que la víctima trabaja allí, pues eran vecinos y se conocían. El segundo ladrón dijo a la Policía que esa fue la razón por la que Di Cristina Rexach decidió asesinar al muchacho –misionero y estudiante de periodismo-, golpeándolo en la cabeza con un extintor.

Durante la vista judicial de este lunes, Lugo expresó su oposición al cargo por violación a la Ley de Armas que pesa contra Di Cristina Rexach por entender que una pistola de salva, como la que se alega fue utilizada en este caso, no cumple con la definición de “arma de fuego” y que tampoco se desfiló prueba sobre ese delito durante la vista preliminar.

Los fiscales alegaron lo contrario, por lo la jueza Cartagena Colón acordó revisar el récord de la vista preliminar y notificar su conclusión por escrito a las partes.

Asimismo, la togada concedió cinco días a la defensa y al Ministerio Público para que informen por escrito al tribunal sus acuerdos y desacuerdos en cuanto al descubrimiento de prueba que resta por completar.

El juicio está supuesto a celebrarse del 13 al 17 de mayo.