Luego de seis horas y media y tres notas con distintas dudas, el jurado que evalúa la prueba en el caso contra el exsenador Héctor Martínez y Juan Bravo, pidió recesar sus labores por el día de hoy.

No será entonces hasta el miércoles a las 9:00 de la mañana que regresen para seguir con la deliberación.

El juez Francisco Besosa les volvió a advertir que no pueden leer notas de prensa, ver u oír análisis del caso en ningún medio o foro, ni tan siquiera hacer consultas entre ellos mismos hasta el miércoles.

Bravo y Martínez resultaron convictos en el 2011 y cumplieron cerca de un año de cárcel, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto. La fiscalía decidió volverlos a enjuiciar. 

Relacionadas

Ahora, Martínez y Bravo enfrentaron cada uno, un cargo de soborno en este segundo juicio. 

La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó a Martínez los gastos para ir a ver la pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright a cambio de que el legislador aprobara dos proyectos de ley que ayudaban a su negocio de seguridad privada.

Los miembros del jurado que evaluaron la prueba en contra del exsenador Martínez y el empresario Bravo salieron a deliberar a las 10:25 de esta mañana, tras escuchar durante 55 minutos las instrucciones que les impartió el juez Francisco Besosa.

Más tarde, el jurado envió una nota pidiendo acceso a todos los testimonios, comenzando con los testigos Carlos Díaz de Hoyos, exayudante de Jorge de Castro Font y de Víctor Rivera, ex asesor legislativo de Héctor Martínez.

Eso implicaba leerles cada pregunta y cada respuesta vertida en sala, ya que no se les puede hacer llegar transcripciones y audios.

Luego de que las partes consultaran brevemente, hubo unanimidad en negarles a petición. Besosa dijo que debían descansar en sus recuerdos.

El jurado quería saber si ante la ausencia de evidencia por escrito, vía correo electrónico o mensaje de voz, se podía probar que hubo un acuerdo o se podían hacer inferencias.

En apenas unos minutos, los abogados y los fiscales coincidieron en que se les debía instruir que, para las respuestas a sus preguntas, tenían que referirse o consultar nuevamente a las instrucciones que les leyeron y de las cuales tienen copia.

El juez estuvo de acuerdo y dijo que así se lo haría saber al grupo.

Entonces, cerca de las 2:40 de la tarde, el jurado envió una segunda nota al juez le que crispó los nervios de muchos de los allegados de Martínez y de Bravo, mientras esperaban el veredicto.

En su nota, los miembros del jurado dijeron que tenían dos preguntas. Una de ellas, se refería a cómo se constituye el soborno, si Martínez tenía que recibir beneficios de más de $5,000 y al mismo tiempo, Bravo obtener beneficios que el exsenador hiciera que también sumaran más de $5,000.

La segunda pregunta se refería a la falta de evidencia tangible para establecer el acuerdo de soborno.

A las 3:50 de la tarde, luego de unas seis horas deliberando, el jurado envió una tercera nota, alegando que necesitaban copias para cada uno de los miembros del jurado de las instrucciones que ya les habían leído el juez.

Aunque el grupo tiene más de una copia, dijeron que querían poder leer todos a la vez.

Ninguna de las partes se opuso. Mientras, continuaba la ansiedad entre los allegados a los acusados.

A los miembros del jurado se les pidió que juzgaran los hechos, que no pensaran en el posible castigo que recibirían los acusados de ser encontrados culpables y que recordaran que les asiste a ambos la presunción de inocencia.

Como se sabe, el veredicto tiene que ser unánime. El juez explicó que para encontrar a Bravo culpable, debían evaluar si el Ministerio Púbico probó más allá de duda razonable que sobornó a Martínez, al entonces senador Jorge de Castro Font, o a ambos.

En el caso de Martínez, se tiene que haber probado que solicitó, pidió, aceptó o acordó aceptar el viaje a Las Vegas como recompensa por sus acciones en favor de los proyectos de ley que había cabildeado junto a dos organizaciones: el 410 para crear un código de conducta en centros comerciales y el 471 que enmendaría la ley de detectives privados.

Según la acusación, Bravo pagó todos los gastos de Martínez en la llamada “ciudad del pecado” desde el 13 al 16 de mayo de 2005, incluyendo entradas preferenciales de $1,000 para ver una pelea entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright.

El juez aclaró que no es lo mismo otorgar algo de valor como agradecimiento o por amistad, después que se completa la acción, que pagar primero. Se trata de uno de los elementos más importantes en este caso, y más difíciles de establecer.

Según la fiscalía federal, uno de los proyectos bajó a votación el día después de que Martínez, Bravo y De Castro Font llegaron de Las Vegas. 

Pero para la defensa, Martínez acordó apoyar la medida en febrero y trabajó realizando vistas públicas en abril. Además, aseguran que fue a raíz de un accidente de un amigo de Bravo, que entonces estuvo disponible un espacio para que Martínez los acompañara.

Asimismo, el juez les instruyó que si las legislaciones eran buenas, o necesarias para el pueblo de Puerto Rico, eso no debe incidir en el veredicto.

Las instrucciones en este caso son cruciales ya que fue precisamente debido a un error en ese paso que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad al que llegó un jurado distinto en el 2010 contra Martínez y Bravo. 

Según se desprende de documentos judiciales, no detallar la diferencia entre una regalía y un soborno fue clave en esas instrucciones. La regalía es lo que se otorga después y que puede ser un gesto de agradecimiento, lo que no se considera delito a nivel federal.

Precisamente, el juez Besosa le rogó hoy al jurado que no tomaran una determinación aún sin escuchar las instrucciones.

Tanto Martínez como Bravo pasaron cerca de un año en prisión antes de que se revocara el veredicto.

Aunque los abogados entendían que hacer un nuevo juicio constituía doble exposición, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde.