Diecisiete personas serán presentadas como testigos de la fiscalía durante el juicio contra Pablo Casellas Toro, acusado por emitir declaraciones falsas a un alguacil federal relacionado a un supuesto acto de "carjacking" del que alega fue víctima.

Los fiscales federales de Florida, Michael Gilfarb y Andy Camacho, informaron que junto al abogado Francisco Rebollo Casalduc, estipularon cinco testigos, por lo que no se sentarán a declarar ante el panel del jurado, que comenzará a escogerse el 7 de abril en el Tribunal Federal en Hato Rey ante el juez Joseph R. Goodwin, de Virginia Occidental.

El listado de testigos que declararán en corte incluye a los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Gregory Gruel, Rafael Díaz Berríos, Devin Kowalski y Rubén Marchand Morales.

Éste último testificó en el juicio a nivel estatal contra Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón el 14 de julio de 2012, a los efectos de que como director del Equipo de Recopilación de Evidencia del FBI, encontró en la guagua Acura MDX manchas de sangre, tres casquillos de bala y una pipa amarilla con residuos que dieron positivo a marihuana, tras registrar el vehículo del acusado el 16 de julio de 2012.

Testificará además el presidente del Club de Tiro Metropolitano de Toa Baja, Francisco González, dado a que Casellas Toro alega que fue a practicar el 17 de junio de 2012 y que fue asaltado en las inmediaciones del club. No obstante, ese día estaba cerrado por ser Día de los Padres. Una de las personas que se detuvo a ayudar al hoy acusado, Andrés Nevares González, también se espera declare en el juicio, al igual que el médico que lo atendió poco después, Fermín Hernández Abad.

Los demás testigos son: el fiscal estatal Gustavo Vélez; los agentes de la Policía de Puerto Rico Ricardo Costalles González, Abiel Soto, Rodolfo González Gutiérrez y José Valentín Ruiz; el examinador de armas del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Carlos Juan del Calle Arroyo; la examinadora forense de la escena, Gisel Enid Rivera Cintrón; la examinadora de la computadora, Julia Hernández Arroyo; el paramédico Francisco Velázquez; y el custodio de récords de la Policía de Puerto Rico, Carlos Bo.

Los testimonios estipulados son los de la seróloga Jenny P. Acevedo González, de la patóloga Rosa Rodríguez Castillo, y del agente de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE=HSI), Rebecca González Ramos. También se estipularon los testigos Luis Guzmán Hernández, quien dijo que vio a Casellas Toro lanzar un arma de su vehículo el día del asesinato de su esposa, y una persona identificada como Carmen Tirada Neris.

Los fiscales presentaron una moción oponiéndose a algunas de las instrucciones al jurado propuestas por la defensa, como la primera y tercera sugerencia, que tienen que ver con la presunción de inocencia y basar su determinación en prueba que demuestre más allá de duda razonable que es culpable por los cargos que se le acusan. Los fiscales opinaron que dicha instrucción es "innecesaria, repetitiva y confusa".

Tampoco están de acuerdo con la instrucción propuesta que pide aclarar al jurado que la acusación no es evidencia, sino una descripción de los cargos que pesan en su contra y que, para encontrarlo culpable, debe ser más allá de duda razonable. Los fiscales entienden que "desvía el patrón de instrucciones sin base".

Gilfarb y Camacho propusieron 18 instrucciones, que incluye aclarar al jurado los tipos de prueba que hay, directa y circunstancial, además del derecho constitucional del acusado a no declarar y la presunción de inocencia, entre otros.

Rebollo Casalduc propuso que se instruya al jurado que tome en cuenta solamente los cargos por los que se le acusó a nivel federal, dado a que su representado fue encontrado culpable y convicto por el asesinato de su esposa, por lo que fue sentenciado a 109 años de prisión.

"El acusado no enfrenta juicio por algún acto, conducta u ofensa no alegada en el pliego acusatorio", lee la moción de la defensa.

La semana que viene, comenzarán a escoger el jurado en la Isla, a pesar de que Rebollo Casalduc propuso trasladar el juicio a una "jurisdicción neutral", como el Tribunal Federal de Massachusetts, en Boston, dado a que entiende que no será posible escoger un panel de jurado justo e imparcial luego de la convicción de su cliente por el caso de asesinato.

Los fiscales no se opusieron, pero opinaron que debían intentar escoger un jurado en la Isla.

Goodwin determinó comenzar el proceso de desinsaculación del jurado en la Isla y citó a 120 potenciales jurados. De ver que no es posible escoger un panel, podría determinar el cambio de jurisdicción.

El hijo del juez federal Salvador E. Casellas está detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo. A nivel federal, se emitió un pliego acusatorio en su contra el 10 de abril de 2013 por emitir información falsa a un alguacil federal.

Al excorredor de seguros se le imputa que "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon al cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo, con el fin de robarle el vehículo.