Tres de los jóvenes acusados por el carjacking que culminó con el asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín permanecerán en prisión, pendientes de juicio, luego que la magistrada federal Silvia Carreño denegara concederles fianza al determinar que constituyen un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad.

La magistrada determinó que, de acuerdo con la prueba presentada por el Gobierno, representado por el fiscal Vernon Milles, los imputados Edwin Torres Osorio, apodado “Bebo”; Alejandra Berríos Cotto, conocida como “Pochi”; y Lenisse Aponte, a quien llaman “Prieta”, no reúnen las condiciones para salir en libertad bajo fianza.

Hay un cuarto implicado, Rubén Delgado Ortiz, quien se presume que es testigo cooperador y que tiene récord criminal previo, y cuya vista de fianza y de lectura de cargos se celebrará el 19 de diciembre.

Durante la vista de fianza, salieron a relucir las discrepancias entre las declaraciones juradas de los imputados. En el caso de las dos jóvenes, estas alegaron que solo participaron en los actos hasta que llevaron a Gómez Saladín a sacar dinero del cajero automático.

No obstante, el fiscal Vernor Miles había indicado previamente que entre la evidencia con que cuenta figura un vídeo de la gasolinera en donde los jóvenes fueron a comprar combustible para quemar el automóvil del publicista.

“Tenemos el vídeo de la gasolinera en la que aparecen los cuatro”, dijo.

Al emitir su dictamen, Carreño expuso: “He considerado todos los factores y la oferta de prueba del Gobierno y las declaraciones de los tres acusados. Creo que no existen condiciones para que los acusados sean dejados en libertad bajo fianza. De acuerdo con la prueba del Gobierno, se trata de un crimen violento. Los tres participaron activamente en este carjacking, que llevó a la muerte de la víctima”, expuso Carreño.

“La evidencia presentada contra estos tres acusados es fuerte. Recomiendo detención sin fianza”, dictaminó.

La magistrada procedió a evaluar la condición de cada uno de los imputados. De Berríos Cotto dijo que no tiene empleo, tiene problemas de salud mental y de abuso de sustancias. De Aponte Aponte comentó que las relaciones familiares no eran muy fuertes porque cuando la entrevistaron, no pudo proveer dirección ni teléfono de los familiares más cercanos. Esta joven tampoco tiene empleo y también tiene problemas de salud mental y de sustancias.

De Torres Osorio –el primero en entregarse–, dijo que nunca ha trabajado.

Al inicio de la vista de fianza, los abogados de los imputados, Rachel Brill, Giovanni Canino y Thomas Lincoln, cuestionaron la credibilidad de las alegaciones que hizo el Gobierno, vertidas en la declaración jurada de un agente del FBI, por lo que solicitaron que el fiscal Miles presentara un testigo, de manera que tuvieran la oportunidad de contrainterrogarlos, lo que no fue acogido por la corte.

Brill denunció, por su parte, que a su clienta (y a la otra imputada) las mantienen en solitario 23 horas al día, sin permitírsele estar con la población general. La magistrada le indicó que hablara con la administración de la Cárcel Federal y le hiciera saber si necesitaba que interviniera.