El pueblo de Puerto Rico invierte $2.1 millones al mes en una reforma policiaca que en nueve meses no ha producido “un solo protocolo” o plan de acción concreto, afirmó William Ramírez, director de la oficina local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 

“Ni siquiera se ha comenzado a tratar los asuntos que llevaron la Policía a tener una reforma”, denunció el veterano activista a este medio, en referencia a los patrones de violaciones de derechos civiles que motivaron al Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en Ingles) a demandar al Estado Libre Asociado (ELA) en diciembre de 2012. 

De hecho, en el expediente federal del caso, el propio DOJ ha consignado su inconformidad con el ritmo y las prioridades de la reforma, cuyos requerimientos están contenidos en un abarcador acuerdo firmado por el ELA y el DOJ en julio de 2013. 

“La falta de identificación y evaluación de las acciones de cumplimiento del gobierno estatal priva a las partes y al tribunal de la oportunidad de atender cualquier dificultad que esté encarando la Policía de Puerto Rico (PPR) en la implementación de este acuerdo. Además, socava la transparencia que el acuerdo promete al pueblo de Puerto Rico”, escribió en marzo el subsecretario interino del DOJ, Vanita Gupta, en un análisis sometido al tribunal federal.

Gupta y su equipo también hicieron fuertes señalamientos sobre cómo el asesor técnico de cumplimiento (en inglés, TCA), Arnaldo Claudio, realiza su labor de monitorear los avances de la transformación policial y luego reportar sus hallazgos a la corte. 

“El informe bianual (del TCA) hace hincapié en las actividades realizadas por el TCA, pero podría incluir un mayor análisis de los esfuerzos y el progreso de la PPR”, señaló Gupta sobre Claudio, quien fue confirmado al puesto en junio de 2014.

¿Dónde está el progreso?

El subsecretario del DOJ advirtió, además, que al examinar las proyecciones para los próximos seis meses “la lista de actividades no parece reflejar las necesidades más urgentes que encara la Policía de Puerto Rico, ni otros requerimientos críticos, como completar los borradores de planes de acción para mayo de 2015.

Ese plazo de mayo de 2015 fue una concesión hecha a la PPR, que no pudo someter sus primeros planes de acción a los 90 días del nombramiento del TCA, como ordena el acuerdo de reforma en párrafo 237.

“Instamos a que los próximos informes se enfoquen en el progreso de la Policía hacia la reforma”, fue la recomendación de Gupta al TCA. 

Tanto el cumplimiento del acuerdo de reforma como la labor del TCA están bajo la supervisión del juez federal Gustavo Gelpí, quien mañana, jueves, encabezará una vista pública de seguimiento en la que se espera comparezcan Claudio y el superintendente de la Policía, José Caldero.

“Es la persona que sirve como los ojos y los oídos del juez federal”, explicó Ramírez sobre la función del llamado “monitor”.

El juez Gelpí también es quien autoriza el desembolso mensual de fondos para la operación de la oficina dirigida por Claudio. 

En junio de 2014, el gobierno de Puerto Rico depositó $1.6 millones para cubrir “todos los honorarios y gastos razonables” del TCA hasta el 30 de junio de 2015, según pactado. 

Cada mes, TCA emite una detallada factura de gastos ordinarios, que cubren el alquiler de $3,000 de la oficina, el sueldo mensual de Claudio, de $18,000, sus gastos de celular y los salarios de otras cuatro personas. En total, los gastos administrativos cada mes rondan los $48,000. 

A esta suma mensual se agregan los “gastos variables” que, según facturas revisadas por este medio, fluctúan entre $64,000 y $68,000 al mes. 

De este total, cerca de $54,000 mensuales van a remunerar a seis asesores, que visitan Puerto Rico una vez al mes, y luego trabajan desde sus respectivas ubicaciones. Este equipo “revisa” y “trabaja” en borradores que personal de la Policía ha sometido al TCA, además de facturar visitas a Puerto Rico, llamadas telefónicas y tiempo de lectura de correos electrónicos. 

Por ejemplo, los asesores detallan horas de trabajo en el Código de Ética y Conducta, pero también por investigar y recopilar “mejores prácticas para atender los medios y la prensa” o “mejores prácticas para atender casos de violencia doméstica”.

Hasta el momento, a pesar de que el TCA lleva nueve meses operando y que la Oficina de la Reforma tiene $20 millones asignados, ninguna de las guías o protocolos está en operación porque no han culminado el proceso de revisión.

“Es increíble, porque hay suficientes personas dispuestas a aportar aun sin tanto costo al pueblo. No se acuden a esas personas, sino que se reparten contratos”, reaccionó Ramírez.

“No esperamos logros en este periodo. Espero un comienzo. No puede haber logros si ni siquiera han comenzado con los protocolos”, subrayó el director de ACLU. 

Secretividad en la Oficina de la Reforma

A los gastos de la TCA, se suma la asignación de $20 millones anuales a la Oficina de la Reforma de la Policía, encabezada por la teniente coronel Clementina Vega. 

A tres meses de que culmine el año fiscal, esta oficina –que emplea a unas 40 personas– ha consumido $18 millones de los $20 millones asignados, confirmó la Oficina del Superintendente José Caldero, a través de un portavoz. 

Sin embargo, más allá de informar que el gasto de nómina mensual asciende a $115,332, fue imposible que la teniente coronel Vega accediera a compartir información pública sobre qué iniciativas se han destinado los fondos. 

Vega, mediante su portavoz, rechazó los perdidos de entrevista de este medio diciendo que en la vista ante el juez Gelpí “se tocarán puntos sobre el presupuesto y luego el superintendente (José) Caldero hará una conferencia de prensa”. 

Esas determinaciones chocan directamente con los reclamos del tribunal y del propio DOJ de que exista mayor transparencia en todo lo que se refiere a la reforma policía. 

“Las partes, la corte y la comunidad necesitan saber si los términos se implementaron y si han tenido el efecto deseado por las partes”, exhorta Gupta en documentos del caso.

“Si se opera en secreto, no estimulas la confianza de las comunidades”, recalcó, por su parte, Ramírez.