El asesinato de Omar Santiago García, de 26 años, quien figuraba como testigo de un linchamiento ocurrido en Fajardo hace un año, podría tener el efecto de ser un disuasivo para que otras personas accedan a declarar en los tribunales en contra de los imputados.

Por eso es responsabilidad del Estado hacer la diferencia entre los testigos de casos que resultan asesinados y que a su vez han cometido actos criminales, de aquellos ciudadanos que no están inmersos en ninguna actividad criminal, dijo ayer el ex fiscal Ernie Cabán.

El abogado afirmó que el Departamento de Justicia también debe hacer un mayor esfuerzo en mejorar las facilidades del Albergue de Víctimas y Testigos cuyas condiciones siguen siendo, a su juicio, pésimas.

“El sistema está falto de la confianza del pueblo y situaciones como ésta pueden ser disuasivas para que cualquier persona pueda dar un paso adelante y ser testigo de un caso. Aquí el sistema tiene que ganarse la confianza del pueblo y hay que aclarar la situación y dar detalles públicos de cuál fue la causa de la muerte del testigo y establecer la diferencia... Hace falta una campaña para llevar ese mensaje... para que el ciudadano de a pie sepa ‘Ah, a mí no me hubiera ocurrido porque esto no me aplica a mí’”, indicó.

Omar había sido arrestado hace unos meses y se le ocuparon 67 cápsulas de crack, 12 bolsitas de cocaína y 19 de marihuana. Posteriormente se hizo testigo del linchamiento de un hombre. Ahora los agentes de la Policía no están completamente seguros de que el asesinato de Omar el martes haya sido en venganza por su decisión de declarar en ese caso.

Mientras, tan reciente como el 19 de junio un testigo del crimen del policía Víctor Soto, quien estaba bajo probatoria, fue herido en medio de una balacera y otros dos jóvenes murieron. Lo escalofriante es que otras dos personas involucradas con la muerte del agente ya fueron ejecutadas antes.

Y esta misma semana muchos recordaron otro caso de horror: el de Nadiaangelí Velázquez Ramírez, hija de una periodista a quien torturaron, arrancaron los tatuajes para que fuera difícil identificarla y luego la quemaron porque era testigo de un doble asesinato y de un caso de fraude en la jurisdicción federal. La autora intelectual de su muerte, quien fue arrestada, estaba relacionada a actividades criminales.

“Yo lo que entiendo es que el Estado, cuando tenga participantes de una actividad criminal como testigo del Estado, debe salvaguardar su vida y seguridad imponiéndole una custodia más restrictiva o una supervisión mucho mayor, por el riesgo que hay”, afirmó Cabán.

“Ya que ellos han estado dispuestos -por lo que sea- a cooperar con el Estado, el Estado está obligado a ser recíproco dándoles mayor protección”, enfatizó el abogado.